El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española rechazó el recurso de súplica que presentó el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, contra el auto que acordaba su extradición a México por delitos relacionados con corrupción.
El documento, al que tuvo acceso MILENIO, manifiesta que los hechos por los que se le acusan nada tienen que ver con la persecución política que argumentó su defensa. La decisión fue por unanimidad de los 20 magistrados que integran el Pleno y contra ésta ya no cabe recurso. Ahora, lo que resta es esperar a que el gobierno, a través del Consejo de Ministros, confirme la extradición.
De esta manera, las autoridades judiciales confirman la entrega de Ancira, preso en la cárcel de Palma de Mallorca (Islas Baleares), a México al considerar que los hechos por los que le persigue la justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.
El gobierno de México investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México S.A. a la empresa Tochos Holding, vinculada al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya por un importe de 3.4 millones de dólares.
En noviembre del mismo año Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de Ciudad de México y un mes después, una vez elegido como director general de Pemex, propuso rehabilitar y después comprar una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares.
Los hechos investigados, según la Sala de lo Penal en España, encajarían en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”.
El auto argumenta que Alonso Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, “pagando por adelantado (dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a Tochos, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya, cuando ya sea director general de la empresa estatal Pemex la contrapreste (sic), mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.
Además, la Sala descartó la prescripción de los hechos alegada por la defensa de Ancira al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.
La Audiencia Nacional española rechazó también la persecución política alegada por la defensa, y señala que se persigue un delito común de “clara corrupción” que “produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas” y “una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México que es lo que constituye el núcleo de los que se persigue”.
El pasado sábado, Alonso Ancira se entregó voluntariamente a la policía española de Palma de Mallorca, donde ya fue encarcelado en mayo de 2019 (semanas después tuvo que pagar una fianza de un millón de euros para obtener su libertad condicional), en espera de la decisión de la Audiencia Nacional.
El recurso de súplica era el último que tenía el empresario mexicano para evitar su extradición. Ahora será el gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez el que debe confirmar la resolución judicial, en los próximos días o semanas.
Durante su juicio, el pasado mes de marzo, Ancira reiteró que se niega a ser extraditado porque dijo que “no confío” en la justicia mexicana y aseguró que es una “víctima colateral” de la actual administración.
MRA