La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados impulsan una propuesta para que las plataformas digitales extranjeras en México paguen IVA por los servicios que prestan, con la cual se recaudarían más de 10 mil millones de pesos.
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Como parte de un convenio de colaboración suscrito este miércoles, ambas instancias plantean actualizar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para recaudar el impuesto por los servicios que prestan estas plataformas digitales en México, sin crear un nuevo gravamen ni elevar tasas existentes.
El titular en funciones de la Prodecon, Luis Rodrigo Salinas Olvera, precisó que la propuesta hará un “piso parejo” para las plataformas nacionales, para las cuales no es un impuesto nuevo porque ya pagan IVA, “este es un impuesto nada más a las plataformas extranjeras”.
Para el pago de este impuesto, subrayó se analiza la implementación de un mecanismo de retención, estableciendo como alternativa un registro para que las plataformas calculen y paguen el gravamen, añadió junto con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, con quien firmó el acuerdo.
Como parte de este convenio, la Prodecon y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también proponen medidas contra la venta de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, para lo cual se plantea que se aplique una retención de 10 por ciento sólo en materia de IVA en la prestación de servicios.
Salinas Olvera aclaró que la propuesta excluye de la retención del IVA a ciertos servicios masivos, como transportación, mensajería, servicios financieros, entre otros, y se establecerían mecanismos de acreditamiento y devolución eficaces del impuesto para no afectar el flujo de los contribuyentes, pero sí desalentar la comercialización de comprobantes fiscales.
De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el monto de la evasión fiscal con facturas falsas se aproxima a 354 mil millones de pesos y se calcula la existencia de unas nueve mil empresas “fantasmas” que facturan operaciones simuladas por un monto de 1.6 billones de pesos.
JAR