La American Chamber/México hizo un llamado al gobierno mexicano a rectificar la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el pasado viernes 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener) en el Diario Oficial de la Federación, pues genera incertidumbre jurídica en el sector, lo que puede afectar la relación comercial con Estados Unidos.
Indicó que al igual que cualquier relación de negocios, la de México con su principal socio comercial, EU, exige confianza y la primera condición para que haya inversión es que existan reglas claras que se respeten.
“Solicitamos al gobierno de México rectificar la citada política y demás acciones que vulneran al sector energético”, y aseguró que el acuerdo traerá consecuencias como favorecer a las empresas del Estado con políticas que limitan la libre concurrencia de otros participantes en el mercado o levantan barreras discriminatorias, entre otros argumentos.
Ramses Pech, analista en energía y director de Caraiva y asociados, explicó que la nueva política no es un acto administrativo de carácter general y representa elementos de directrices que deberán seguir los reguladores en la materia para cumplir con la ley.
Por su parte, Severo López, experto en mercado eléctrico y director de Galo Energy, señaló a MILENIO que el acuerdo es un error para la implementación de energía renovable y la atracción de inversión extranjera.
La Comisión Federal de Electricidad argumentó que el acuerdo le permite asegurar la confiabilidad y seguridad del sistema y su participación en el mercado eléctrico mayorista de forma equitativa en beneficio de los usuarios, y aclaró que no se vulnera el estado de derecho porque no cambian las leyes, sino que mejoran las reglas de aplicación.
En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que con este instrumento, la Sener “usurpa” facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia. Afectará proyectos eléctricos en al menos 18 estados del país, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares, por lo que agotarán recursos jurídicos para revocarlo.