La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ya se encuentra evaluando la viabilidad de interponer recursos legales a partir de la publicación de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, del decreto mediante el cual se regularizarán los llamados “autos chocolate” en 10 estados del país.
En conferencia de prensa, Guillermo Rosales, presidente del organismo, añadió que si bien, aún no hay una cifra exacta sobre cuánto se podría estar impactando el mercado de vehículos nuevos, el decreto generará repercusiones en la industria automotriz, la cual contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
“Ayer mismo, una vez que se publicó, el decreto fue turnado a nuestros asesores legales, para que hagan una revisión puntual. Adicionalmente, estarán dándonos un dictamen respecto de la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal…No descartamos ninguna de las acciones que nuestro marco constitucional nos brinda en el legítimo derecho de defender nuestros intereses”, expresó a petición de MILENIO.
Agregó que el emprender recursos legales no es solamente por las afectaciones económicas que esto generará al sector, puesto que también se están considerando los impactos en “valores fundamentales” que traerá consigo.
“En primer término, una afectación al medio ambiente, en segundo término, riesgo a la salud y algo fundamental, la protección a la vida humana por el reconocimiento, la regularización de vehículos que evidentemente no cumplen con las condiciones mínimas para poder circular bajo esquemas de seguridad”, aseveró.
El presidente de la AMDA resaltó que si bien, no hay cifras exactas sobre cuánto se ha incrementado la importación de vehículos ilegales en el país, desde el anuncio de esta propuesta, efectuada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de julio el año pasado, se puede estimar un aumento de estos vehículos de entre 40 y 50 por ciento.
Añadió que, en localidades como Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, el número de vehículos circulando en condición de ilegalidad podría alcanzar hasta el 70 por ciento del total, no obstante, estas son referencias a partir de sus asociados, pero no pueden acreditarse a partir de un estudio estadístico.
“Ante esta crisis económica, que pronto habrá de oficializarse como un periodo de recesión, debemos de cuidar que la industria automotriz tenga los esquemas de participación y de desarrollo para seguir siendo el pilar que ha venido siendo en las últimas décadas”, sostuvo.
MRA