La minera canadiense Americas Gold and Silver, propietaria de la mina de San Rafael, denunció una serie de afirmaciones falsas que desprestigian su operación, en lo que presume como una estrategia por parte del senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, por desprestigiar a la compañía.
La mina de San Rafael, en Sinaloa, desde el pasado 26 de enero tiene bloqueadas las operaciones y a casi 11 meses del cierre, la minera canadiense señaló que un grupo de personas las cerró bajo el “falso” argumento de que buscaba mejorar las condiciones laborales y de salud de los trabajadores.
“Con el paso de los días se comprobó que el objetivo real de este grupo era apoderarse ilegalmente del contrato colectivo de trabajo, así como otros contratos relacionados con la operación de la mina sin importar la afectación a las fuentes de empleo y el ingreso de los trabajadores y sus familias en Cosalá” refirió en un comunicado.
Aseguró que es “falso” que el cierre de operaciones que mantiene la mina sea por una decisión de negocios de la empresa, sino por el contrario, la canadiense quiere reiniciar las operaciones de la mano con los trabajadores y cumplir con el plan de inversiones comprometido para los siguientes años.
En los 10 meses de paro Americas Gold and Silver destacó que solicitó el apoyo y recurrió a las instancias correspondientes en el Gobierno Federal, así como autoridades judiciales del gobierno local de Sinaloa para exponer la situación que vivía la mina y dar seguimiento a las denuncias penales en contra de Yasser Beltrán y su grupo.
Sin embargo, “no fueron atendidos sus planteamientos y por el contrario se avaló la conducta y proceder del sindicato minero y el grupo extorsionador de Yasser Beltrán. Incluso el Senador Gómez Urrutia ha solicitado recientemente al Presidente que retire la concesión a la compañía para que se entregue a favor de grupos de aliados locales”.
La minera agregó que utilizará todos los recursos que a su derecho corresponda, tanto en las instancias legales y tratados nacionales como internacionales, para hacer que se respete la ley y el adecuado cumplimiento del marco jurídico. De igual modo ha recurrido a representantes del gobierno de Canadá para solicitar su intervención diplomática con el Gobierno de México.
AMP