El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró a MILENIO que en el gobierno federal se analiza la posibilidad de reformar la Constitución para garantizar la prisión preventiva oficiosa en caso de delitos fiscales luego de que ésta fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 26 de octubre de 2021, el pleno de la SCJN declaró inconstitucional y revocó la reforma de 2019 que instituía prisión preventiva en automático a quienes fueran imputados por los delitos de defraudación fiscal, contrabando, así como emisión y venta de facturas falsas.
“Se está analizando si se manda alguna iniciativa por parte del Presidente de la República, en donde se modifique alguna disposición legal o incluso constitucional”, declaró la madrugada de este miércoles Romero Aranda durante la inauguración de El Buen Fin organizada por la Concanaco-Servytur.
La reforma que se realizó en su momento modificó los Códigos Fiscal de la Federación, Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, además de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional; por lo que la reforma no fue de carácter constitucional, como ésta vez se está considerando.
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Además, Romero adelantó que en tanto no sea posible solicitar a un juez prisión preventiva de oficio en casos de delitos fiscales, la Procuraduría Fiscal buscará la prisión preventiva justificada para los imputados, sobre todo cuando se considere que existe riesgo de fuga.
Romero se dijo respetuoso de la decisión de la SCJN, aunque manifestó su desacuerdo con la determinación y consideró que “no es la medida adecuada”.
Asimismo, respondió al ministro presidente, Arturo Zaldívar, luego de que argumentara que la decisión de la Corte protegía a los más pobres.
“El criterio que tomó la Corte es simplemente el mencionar que se protegía a la gente pobre, cuando los delincuentes fiscales que amerizaban prisión preventiva son de emisiones de arriba de 8 millones de pesos”, recalcó.
La decisión de la Corte de hace unos días se dio luego de que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como senadores de oposición interpusieran una acción de inconstitucionalidad en contra de la medida tan sólo unos días después de que fuera aprobada la reforma.
scsa