Los tres primeros años de la administración fueron calificados como negativos, ya que existe un congelamiento total del sector eléctrico, lo que provocó una penalización a la inversión en México y que se fue en favor de países de latinoamérica como Chile o Perú, aseguró el managing partner de la firma Salerno y Asociados Expertos en Energía, Paolo Salerno.
El especialista recordó en el Congreso Eficiencia Energética Y Energías Limpias 2021, que estos tres años representaron un cambio definitivo en las políticas públicas a una centralización del sector energético, pero fueron un fracaso ya que no se logró ''ni una cosa ni otra", y todo acabó en los tribunales.
Paolo Salerno dijo que si el cambio radical que ellos querían hacer se hubiera implementado en el primer año, con un cambio constitucional todo hubiera tenido sentido, y el gran fracaso es que todos estos cambios terminaron en el tribunal, y ahí todos pierden.
"La violación o posible violación de derechos adquiridos en competencia y derecho al medio ambiente han prevalecido ante cualquier reforma que se ha querido hacer. Todo esto ha derivado en cancelar todos los proyectos y licitaciones de transmisión, todos los cambios a la normativa secundaria de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se han ido para abajo".
Añadió que la cancelación de las subastas tuvieron un efecto negativo de miles de millones del dólares en inversión directa en el país, y uno de los más grande problemas es que los comisionados dejaran la Comisión Reguladora de Energía (CRE) paralizando el sector al volverlo político, cuando debe ser técnico.
Por su parte el socio y director de Energía en el despacho jurídico Cacheaux, Cavazos & Newton, Jose María Lujambio comentó en el mismo foro que una eventual reforma constitucional es posible, pero al día de hoy no es probable. "El planteamiento ha sido hecho por el Presidente de la República al darse cuenta que los diferentes instrumentos que fueron para impulsar esta política en materia eléctrica no han sido exitosos".
El abogado apuntó que estos cambios no fueron acordes con la constitución, en particular porque en los mercados de generación y comercialización de energía eléctrica, no se puede otorgar prioridad a las empresas del Estado dedicadas a esas actividades, sin que ello viole el Artículo 28 constitucional.
"Por más que haya políticas de confiabilidad, acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), reformas legales, etc. Hasta que no se reforme la Constitución para establecer esta prioridad que al Presidente le interesa, no van a ser exitosos y se va a seguir judicializando el sector eléctrico, porque se van estar violando derechos de las empresas que compiten en estos mercados, pero también derechos colectivos como el de un ambiente sano".
José María Lujambio detalló que además de los amparos promovidos por empresas y por ONG's, también existe una controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y una acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma a la LIE promovida por al menos un tercio de los Senadores de la República.
El socio y director de Cacheaux, Cavazos & Newton, explicó que esos procedimientos al final los va a resolver la Suprema Corte, y se necesitan ocho de los once votos para declarar la inconstitucionalidad, es decir, una mayoría calificada.
"A mi juicio es muy clara la inconstitucionalidad y al final quien sostenga lo contrario va a tener que hacer maromas argumentativas", finalizó.
srgs