La Comisión Europea ha dado a España dos meses de plazo para reducir los retrasos en los pagos a proveedores por parte de las administraciones públicas. El organismo ya abrió al país un procedimiento de infracción por este asunto en 2015 y ahora se enfrenta a una sanción por este motivo. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y de la patronal PIMEC, considera que el Gobierno debe dar ejemplo, máxime en una situación de crisis como la actual, y luchar para evitar el cierre de hasta 500 mil empresas en riesgo de quiebra.
Según un reciente informe de la PPcM, la administración es tan morosa como las empresas: paga a 77 días.
Con una diferencia: las empresas deben pagar a 60 días y las administraciones, a 30. El plazo medio es el mismo, pero el incumplimiento es mayor en ese sentido. Lo que pasa es que en el ámbito de las empresas privadas hay una distorsión en el dato, que es que quien tarda son principalmente las grandes empresas. Lo que es un escándalo es que se produzca una dilación en el ámbito público y en el ámbito privado consentido por parte de los gobiernos. Y, sobre todo, en la pandemia; en un momento en el que están cerrando empresas y puestos de trabajos.
En cualquier caso, las administraciones deberían dar ejemplo.
En un momento tan crítico como el de la covid, que ha bajado la demanda y la actividad, se necesita que sean el oxígeno de las empresas y las administraciones incumplen con la ley y empeoran los plazos de pago. Eso obliga a las empresas a endeudarse a través de los ICO. Creas un mecanismo para que se endeuden porque tú no les estás pagando parte de esa deuda. Europa le ha dicho a España que o revierten esa situación en dos meses o llegará una sanción.
La Comisión señala que las autoridades centrales han avanzado mucho en este sentido, pero le preocupan los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales.
El comportamiento de la Administración ha tenido una evolución muy positiva, pero en los ámbitos autonómicos y, sobre todo, locales, esto ha pasado a tener un cierto desmadre. Y la responsabilidad es del Gobierno central. España tiene todos los mecanismos para que eso no pase. Hay un ayuntamiento que tiene un plazo medio de pago de 600 días. Son cuestiones que son absolutamente inaceptables.
¿Y que se pueden corregir?
El Gobierno central tiene los mecanismos y debe exigir y, si no, implementar un pago para no incumplir la ley sin trampas. Desde la prestación del servicio o la entrega de material, las administraciones locales, autonómicas y centrales deben pagar a 30 días. Esto es un hecho fundamental. Y es fundamental también que se apruebe el régimen sancionador en el sector privado si no queremos perder las 500.000 empresas que tenemos hoy a punto de cerrar por temas de morosidad. Y Europa le viene diciendo a España continuamente que, o soluciona este tema, o la sanción va a llegar. El lobo ya está aquí.
El régimen sancionador lleva parado nueve meses en el Congreso...
Llevamos 30 prórrogas. Si rompemos la cadena de pagos nos cargamos la economía. Eso se aprueba con unanimidad y llevamos casi 30 prórrogas que alguien debería explicar. ¿Qué intereses hay detrás para que no se apruebe un régimen sancionador? ¿Cómo es posible que el Gobierno no actúe con toda la contundencia en un momento así? Esperamos que España no sea sancionada porque se toman urgentemente las medidas. No entendemos cómo se puede permitir que las empresas cotizadas tengan más de 80 mil millones de euros fuera de la ley europea y española. Están los mecanismos y la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que no lo hacen.
Resultaría paradójico recibir una sanción en plena crisis por algo que, en cierto modo, es fácilmente evitable.
Es muy fácil evitarlo. Hemos propuesto que incluso los remanentes de los ayuntamientos se pudieran utilizar para pagar las facturas. Hay 15.000 millones de remanentes. Es como tener en un hospital a gente muriéndose en la UCI y no utilizar los respiradores para salvar vidas.
Se acaba de presentar Conpymes una confederación nacional impulsada, entre otros, por PIMEC, de la que es presidente. Su presentación con la presencia de Yolanda Díaz y Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, generó bastante revuelo...
El hecho de que presente la vicepresidenta y ministra una confederación nacional de pequeñas y medianas empresas no debería ser una cuestión extraña. Que una confederación de 2,100.000 empresas y autónomos la presente la vicepresidenta es absolutamente normal e, incluso, necesaria. Es algo importante para el país. En todo el periodo de democracia no hemos tenido una confederación que presente verdaderamente los intereses de la pequeña y mediana empresa.
Que además ahí se hiciera una conferencia final por parte de una universidad y una cátedra en la que intervinieron tres personas, pero una, la que dirige la cátedra, es Begoña Gómez no debería ser tampoco una anormalidad. Semanas antes estuvo precisamente presentando un acto de CEOE. Se ha intentado dar una imagen de que Conpymes está, de alguna forma, amadrinada. No. Fue presentada por la vicepresidente y participó una persona que participa en multitud de foros y que dirige una cátedra.
¿Pretende ser una alternativa a la CEOE?
Conpymes, que es una institución en la que las pymes pueden tener voz propia por primera vez, no va en contra de nadie; no va en contra de CEOE. Simplemente quiere ocupar el espacio que da la legislación vigente para representar y defender a las pymes. Como ocurre en todos los países de Europa: tienen patronal de grandes empresas y de pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tienes a El Corte Inglés y a la tienda de al lado en la misma organización, te garantizo que las decisiones que toma esa organización no son las de la tienda de al lado. Empieza a haber voces en toda España que ven la importancia y la necesidad de lo que estamos haciendo.
¿Y qué medidas plantea Conpymes contra la morosidad?
Conpymes ha asumido todos los principios de la plataforma contra la morosidad, le ha dado un espacio y se ha asociado con ella. Por tanto, todo lo que diga Conpymes de la morosidad lo va a decir la plataforma.
lvm