La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el programa del gobierno federal Microcréditos para el Bienestar, para micronegocios, no cubrió el 100 por ciento de las personas inscritas en el padrón, ya que los apoyos sólo llegaron al 22 por ciento de los solicitantes.
En su tercer informe de la cuenta pública 2019, la ASF explicó que la carencia de la métrica y la falta de información, no permitieron acreditar el impacto de los resultados en la población atendida con los subsidios, e implicó que no fuera posible precisar la contribución a fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento.
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“En 2019, la población objetivo del programa ascendió a 1 millón 575 mil 563 personas, y la meta original fue atender el 100 por ciento de la población inscrita en el padrón; pero sólo se alcanzó 22 por ciento de la población objetivo, equivalente a 350 mil 371 personas con micronegocios; 77 puntos porcentuales menos que la meta original, quedando pendientes de atender a los 1 millón 225 mil 192 personas incluidas en el padrón”, afirmó.
La ASF expuso que los lineamientos para la operación del programa Microcréditos para el Bienestar 2019, no constituyeron el medio más eficiente para alcanzar los objetivos y metas propuestas, “porque su diseño no precisa ni cuantifica la población objetivo por grupo específico, región, entidad federativa y municipio del país”.
Ante eso indicó que la Secretaría de Economía (SE) reportó un presupuesto ejercido de dos millones 188 mil 152 millones de pesos; monto inferior en 27.8 por ciento, es decir, 845 mil 081 millones de pesos, al aprobado originalmente, por las reducciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda.
La ASF aseguró que en el programa se omitieron los mecanismos de atención a los grupos sociales más vulnerables en la regiones de media, alta y muy alta marginación, en las que no se tiene acceso a servicios financieros en ninguna modalidad, además, no se definieron los procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la eficiencia, la eficacia, la economía y el acceso equitativo a los apoyos.
“No se incluyeron procedimientos de verificación documental de los beneficiarios, ni se fijaron visitas domiciliarias para constatar el cumplimiento de los requisitos y la existencia del beneficiario; tampoco se establecieron mecanismos para comprobar y documentar que el beneficiario recibiera el subsidio y lo destinara a la actividad a la que se dedica”, destacó.
Indicó que la Secretaría de Economía no acreditó para 2019 la información necesaria y suficiente para evidenciar los beneficios esperados, ni los sistemas de información que permitan identificar y cuantificar los avances en la creación de capacidades y de nuevos y mejores empleos.
“La Secretaría de Economía no acreditó que los subsidios se entregaron, en 2019, a los beneficiarios del programa que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, por la falta de un sistema de control y seguimiento presupuestal”, aseguró la ASF.
FLC