La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la política pública de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), hecha en 2019, no generó los resultados esperados en términos de diseño, implementación, y determinar su pertinencia para atender el problema público.
En el tercer informe de la cuenta pública 2019 de la ASF, se señaló que la existencia de una política genérica que no reconoce las diferencias entre los distintos tamaños de empresa y los sectores a los que pertenecen provoca que las acciones realizadas se diluyan y no impulse la productividad y competitividad.
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“En opinión de la ASF, si bien, el objetivo directo de la política fue incrementar la productividad y competitividad de las empresas; sus acciones carecieron de focalización; no tuvieron forma de cuantificar su resultado, y no se vincularon directamente con los fines esperados: crecimiento económico y generación de empleos”, aseveró.
Lo anterior, en un marco de elevada informalidad, principalmente concentrada en las microempresas, las cuales integran el 96 por ciento de las firmas del país, que a su vez se encuentran centradas en actividades tradicionales de poco valor agregado, que tienen problemáticas distintas a las de las pequeñas y medianas empresas.
“Además de que la política pública en la conceptualización de los términos productividad y competitividad, no analizó los determinantes de esas variables y dejó fuera del diseño factores productivos tales como el conocimiento y la infraestructura”, afirmó.
Ante ello, la ASF recomendó a la Secretaría de Economía, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, Nacional Financiera, Bancomext, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y en compañía de las Secretarías de Educación, Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se elaboren diagnósticos que permitan implementar una política pública diferenciada, de tal manera que se puedan identificar las necesidades de las empresas, por tamaño y sector económico.
“Es conveniente que la Secretaría de Economía, como cabeza de sector, diseñe una política específica para la atención de las microempresas, en la que las acciones se orienten a fomentar la formalización legal de esas empresas y su inclusión financiera con el fin de impulsar su crecimiento y la seguridad laboral de las personas que ahí trabajan”, indicó.
LP