BBVA lanzó este jueves sobre Banco Sabadell una oferta pública de adquisición (OPA) hostil tras el rechazo de su oferta inicial, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. La oferta se dirige al 100% de las acciones. Las mismas condiciones que rechazó en su momento la entidad de origen catalán.
La contraprestación ofrecida por BBVA a los accionistas del Sabadell es de una acción de nueva emisión por 4,83 acciones de Sabadell. El precio equivalente de la contraprestación en efectivo es de 2,12 euros por acción del Sabadell.
BBVA mantendrá una remuneración creciente y atractiva para los accionistas, con su actual política, que supone repartir entre el 40% y el 50% del beneficio, combinando dividendos en efectivo y recompras, y seguirá comprometido en distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%, de acuerdo al comunicado emitido por el banco.
El consejo de BBVA anunció la convocatoria de su junta general de accionistas para decidir acerca de la emisión de las nuevas acciones en la cuantía necesaria para atender íntegramente el canje.
“Presentamos a los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes”, señaló Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
El banquero añadió que “juntos tendremos un mayor impacto positivo en los territorios en los que operamos, con una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España”.
El banco vasco mantiene que la transacción será positiva para el beneficio por acción (BPA) desde el primer año tras la posterior fusión de ambas entidades, con una mejora de alrededor del 3,5%, una vez se produzcan los ahorros asociados a la misma, que estima en aproximadamente 850 millones de euros antes de impuestos.
Adicionalmente, el valor en libros tangible por acción aumenta en torno al 1% en la fecha de la fusión.
Con datos a cierre de 2023, la entidad resultante alcanzaría una inversión crediticia de 265.000 millones de euros y una cuota de mercado en préstamos cercana al 22% en el mercado español (13,8% BBVA y 8,1% Banco Sabadell).
BBVA explicó en el que “una de sus prioridades en la integración es preservar el mejor talento de ambas entidades. Todas las decisiones para integrar ambas plantillas se guiarán por principios de competencia profesional y mérito, sin adoptar medidas traumáticas y con todas las garantías”. Además, BBVA prevé que la integración tecnológica llevará entre 12 y 18 meses.
La oferta está condicionada a obtener más de un 50,01% del capital social de Banco Sabadell, a la aprobación de la Junta General de Accionistas de BBVA y a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Prudential Regulation Authority de Reino Unido.
El cierre de la operación se llevaría a cabo en un periodo de entre seis y ocho meses, una vez reciba las autorizaciones necesarias. JP Morgan SE, UBS Europe SE, Rothschild & Co, Garrigues y DWP asesoran a BBVA en la operación.
Tras conocer la noticia, Banco Sabadell reiteró su rechazo a la OPA hostil formulada por BBVA sobre el 100% de sus acciones, y se remitió a su comunicación del lunes, cuando descartaba la operación por considerar que “infravalora significativamente” el proyecto de Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente, según informaron fuentes del banco a la prensa económica española.
El Gobierno la rechaza
Desde el Gobierno, fuentes del Ministerio de Economía, manifestaron su rechazo a la OPA hostil, “tanto en la forma, como en el fondo”, y advirtieron que, esta operación introduce “efectos lesivos potenciales” en el sistema financiero español, pues supondría un incremento en el nivel de concentración “que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros”.
“Un excesivo nivel de concentración introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera, como indicó ayer el gobernador del Banco de España”, señalaron las fuentes.
Además, el Gobierno entiende que la operación afectaría también a la cohesión territorial por la presencia de estas entidades financieras en el territorio.
“España tiene actualmente un sistema financiero fuerte y solvente. Nuestro deber es velar por mantener un sistema financiero sólido, que siga contribuyendo al crecimiento de nuestra economía y a la agenda de inclusión financiera y protección de los clientes”, añadieron desde el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.