Poco a poco se disipa el “bono demográfico” y México envejece, con ello existen adultos mayores que continúan trabajando en empleos precarios o informales por no tener jubilación o porque es muy reducida, así como por mantener seguridad social en el IMSS o el ISSSTE, o bien, por falta de cobertura de algunas enfermedades en el Insabi o IMSS-Bienestar, por lo que a futuro será necesario crear políticas públicas que atiendan estas crecientes necesidades, aseguró BBVA México.
El Informe “Cambios y Tendencias Sociodemográficas en México”, elaborado por el área de Estudios Económicos de la institución financiera indicó que, entre 2000 y 2020 la edad promedio en México ha aumentado de 26.2 a 31.9 años, es decir 5.7 años. En 2000, la población adulta mayor, de más de 60 años, ascendía a casi 7.1 millones, 7.3 por ciento de la población nacional; mientras que para 2020, la población adulta mayor aumentó a 12.1 por ciento, más de 15.2 millones de personas.
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BBVA explicó que el bono demográfico puede contribuir de forma importante al crecimiento económico de un país. Sin embargo, al observar las bajas tasas de crecimiento económico, no queda claro que México, durante las últimas dos décadas, haya podido aprovechar todo el potencial de esta población en edad de trabajar.
“La oportunidad de México de apalancar el crecimiento con el bono demográfico se reduce, mientras envejece poco a poco la población, si bien todavía tiene una ventaja demográfica en comparación a las economías avanzadas”.
En este sentido, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, las entidades con la mayor edad promedio fueron: Ciudad de México de 36.5 años, Veracruz de 33.5 y Morelos 33.1; y las más jóvenes: Chiapas de 28.1 años y Quintana Roo de 29.8. Si se comparan las entidades con mayor y menor promedio de edad, los habitantes de la Ciudad de México superan a los de Chiapas en promedio en 8.4 años.
Para atender los desafíos que traerá el acelerado envejecimiento de la población en México, BBVA consideró importante generar políticas públicas que les permitan a los adultos mayores tener una vejez con ingresos para un retiro digno que desincentive su continuidad laboral en empleos precarios o informales y les proporcionen acceso a sistemas de seguridad social que cubran todas sus necesidades.
Es decir, iniciativas que contemplen el incremento de la demanda de servicios de salud (infraestructura, personal, medicamentos, insumos, costos de enfermedades, promoción de la salud y prevención de enfermedades), así como servicios para mejorar el bienestar físico, social y mental de la población adulta mayor y contar con infraestructura adecuada en lugares públicos y en el transporte.
Además, enfatizó que las personas adultas mayores tienen el riesgo de sufrir abandono, maltrato o segregación, por ello es importante prever el aumento en la demanda de asilos u hogares para la protección social de este grupo, así como el acompañamiento jurídico para este tipo de casos.
Finalmente, el estudio indicó que es necesario ir aumentando paulatinamente la edad de retiro para reflejar esta realidad y la mayor esperanza de vida. Esto permitiría tener esquemas de pensión con mayores fondos durante la jubilación de los trabajadores del sector formal.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Inegi, se contabilizó un total de 126.0 millones de personas en 2020 (mientras que en el censo del 2000 la población se estimó de 97.5 millones de personas.
lvm