El gobierno federal dejará de recaudar 775 mil 893 millones de pesos por beneficios fiscales en 2026. Esto porque cada año, el gobierno federal destina recursos públicos sin entregar dinero de manera directa.
Lo hace a través de beneficios fiscales que reducen o eliminan el pago de impuestos para determinados bienes, servicios o contribuyentes; decisión que en 2026 representará el equivalente a 2.08 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), solo en las diez renuncias recaudatorias más relevantes del país.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aunque estos beneficios buscan facilitar el acceso a productos básicos, incentivar el ahorro, la inversión o apoyar ciertos sectores de la economía, varios de ellos llevan años operando sin una evaluación sistemática que permita saber si siguen cumpliendo el objetivo para el que fueron creados o quiénes son sus principales beneficiarios.
El CIEP detalló que las llamadas 'renuncias recaudatorias' incluyen mecanismos como tasas de IVA de 0 por ciento, exenciones, deducciones, créditos y estímulos fiscales.
Lo anterior provoca que en lugar de entregar subsidios o apoyos mediante programas públicos, el Estado opta por cobrar menos impuestos para influir en decisiones de consumo, inversión, empleo o acceso a bienes y servicios.
Sin embargo, al formar parte del sistema tributario, su costo suele ser menos visible que el gasto público tradicional.
IVA en alimentos concentra el mayor costo fiscal
Dentro de las diez renuncias recaudatorias prioritarias para el CIEP destaca la tasa de IVA de 0 por ciento en alimentos, que por sí sola representa 471 mil 748 millones de pesos, equivalente a 1.26 por ciento del PIB.
De acuerdo con el organismo, este beneficio tiene un alcance general, ya que aplica para todos los consumidores sin importar su nivel de ingreso.
Ante tal panorama, explicó que es necesario revisar si el mecanismo realmente beneficia en mayor proporción a los hogares con menores recursos o si existen alternativas más focalizadas que permitan alcanzar el mismo objetivo con un menor costo para las finanzas públicas.
Además del IVA en alimentos, señaló que las exenciones fiscales para servicios de enseñanza representan una renuncia estimada en 38 mil 482 millones de pesos, mientras que las relacionadas con vivienda ascienden a 26 mil 165 millones de pesos.
Para ambos casos, indicó como necesario evaluar quiénes reciben efectivamente el beneficio y si el instrumento fiscal sigue siendo el más adecuado para promover el acceso a estos servicios.
Beneficios a hogares de mayores ingresos
El CIEP destacó que el acceso a algunos incentivos depende de contar con empleo formal, presentar declaraciones fiscales o tener capacidad para realizar ciertos gastos, como las deducciones personales del ISR por gastos médicos, el estímulo por colegiaturas, las aportaciones para fondos de retiro o la previsión social.
Uno de los casos que más llama la atención es la deducción por adquisición de automóviles, que, con base en información emitida por la Secretaría de Hacienda, 99.7 por ciento del beneficio correspondiente a vehículos eléctricos e híbridos es recibido por personas del decil X, el de mayores ingresos, mientras que en los automóviles de combustión interna esa proporción alcanza 80.37 por ciento.
Ante ello el CIEP destacó la importancia de evaluar si algunos incentivos fiscales están llegando a la población para la que fueron diseñados o si terminan concentrándose en grupos con mayor capacidad económica.
IVA concentra la mayor parte de renuncias fiscales
El CIEP destacó que entre 2017 y 2027, los beneficios relacionados con el IVA son el componente más importante de las renuncias recaudatorias en México, con un costo que oscila entre 1.36 y 1.71 por ciento del PIB.
En segundo lugar se ubicaron los tratamientos del ISR para personas físicas, mientras que los estímulos fiscales registraron incrementos importantes en 2022 y 2023, cuando alcanzaron 1.65 y 1.44 por ciento del PIB, respectivamente.
¿Funcionan estas renuncias?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que estos incentivos fiscales funcionan mejor cuando están vinculados a una inversión o gasto específico, por ejemplo, investigación y desarrollo, capacitación o tecnologías verdes.
Explicó que cuando consisten en exenciones generales o tasas preferenciales, estas últimas suelen generar un costo fiscal elevado sin necesariamente detonar nuevas inversiones.
El organismo comento que en el sector en el cual se registran mejores resultados es en Investigación y Desarrollo e Innovación.
Señaló que los créditos fiscales para investigación y desarrollo sí aumentan la inversión privada en innovación y generan efectos positivos sobre productividad, aunque su impacto depende del tamaño de las empresas y del diseño del programa.
Agregó que existen otros sectores con resultados favorables como energías renovables, turismo, y en zonas económicas especiales, donde los incentivos redujeron significativamente la carga fiscal y ayudado a atraer inversión.
Sin embargo, la OCDE advirtió que estos esquemas requieren evaluaciones periódicas para comprobar que los beneficios en inversión y empleo compensan la pérdida de recaudación.
Por otro lado, señaló que cuando las renuncias fiscales son amplias o poco focalizadas, la evidencia es mucho menos concluyente.
Destacó que con frecuencia generan "ganancias inesperadas" para empresas que habrían invertido de todas formas, sin producir un efecto adicional importante sobre el crecimiento económico.
México recauda menos por deducciones que la OCDE, pero más que AL
La OCDE señaló que en 2025, los ingresos que México dejó de percibir por deducciones del ISR equivalieron a 0.24 por ciento del PIB, cifra superior al promedio de América Latina y el Caribe (0.16 por ciento).
Sin embargo, fue inferior a los ingresos registrados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (1.01 por ciento), el G20 (0.87 por ciento) y la Unión Europea (1.61 por ciento).
Por otro lado, las renuncias relacionadas con impuestos especiales representaron 0.24 por ciento del PIB, por debajo del promedio latinoamericano, que fue de 0.28 por ciento, pero encima de la OCDE y el G20.
MD