Integrantes de la iniciativa privada demandaron la aplicación de la ley y que se garantice el libre tránsito en carreteras, luego que el bloqueo en la autopista México-Puebla y el Arco Norte por parte de ejidatarios que demandan el pago de tierras expropiadas, representó afectaciones por mil 214 millones de pesos a empresarios locales de diferentes sectores productivos.
En conferencia de prensa conjunta, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), coincidieron en que las obstrucciones carreteras no solo representan daños económicos y a la movilidad de las personas, sino que ponen en riesgo la llegada de nuevas inversiones y el empleo.
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Con base en cifras de asociados a la Canaco Puebla, el presidente de este organismo, Juan Pablo Cisneros Madrid, expuso que solo las perdidas para el comercio, servicios y turismo sumaron 354 millones de pesos al corte de este fin de semana; mientras que, la industria local, principalmente automotriz, autopartes, alimentos y bebidas estimaron un impacto por más de 800 millones de pesos.
Comentó que los ejidatarios involucrados en el bloqueo tienen derecho a expresar sus demandas; pero señaló que la interrupción del comercio derivado de un conflicto entre particulares y el estado, viola los derechos de la población y de los consumidores.
"En lo general, el 96 por ciento de las empresas que nos reportaron datos reflejaron la menos una afectación por cuestión del bloqueo, siendo la más común el retraso en la entrega de productos en un 31 por ciento. Pérdidas económicas en 19 por ciento y dificultades en la movilidad de colaboradores en 17 por ciento", señaló.
En tanto, Luis García, integrante de la Canacar expuso que las afectaciones al sector de autotransporte de carga por el bloqueo rebasa los 130 mil millones de pesos a nivel nacional.
Señaló que esta afectación toma en cuenta que el bloqueo desactivó a 150 mil unidades por el tiempo que estuvieron varados, con un promedio de carga de 50 mil dólares cada una, que utilizan esta vía para trasladar mercancías de sectores como el automotriz, construcción, textiles, minera farmacéutica, tanto al sureste como al norte del país.
Respuesta tardía
En ese sentido, el presidente de la Canacintra Puebla, Carlos Sosa Spínola calificó como tardía el actuar de las autoridades para restablecer, después de cuatro días, la circulación en la autopista, más cuando se trata de una de las principales vías de comunicación en el país.
Señaló que el estado de Derecho es un componente fundamental para el desarrollo económico de la región y uno de los factores más importantes que las empresas toman en cuenta a la hora de invertir.
"Cuando el estado de derecho funciona correctamente, existe una mayor certeza jurídica que reduce los riesgos asociados a algunas inversiones. Hoy más que nunca debemos exigir una correcta aplicación del estado de derecho, ya que, de no hacerlo, tendremos consecuencias en materia de inversión en el corto, mediano y largo plazo".
Bloqueos alejan inversiones
En ese sentido, Héctor Sánchez, presidente del CCE destacó la importancia de que el estado de Derecho cobre vigencia para evitar que situaciones como ésta vuelvan a ocurrir, sobre todo cuando Puebla busca anclar nuevos proyectos en el marco del nearshoring.
"Esto, por supuesto, ahuyenta la llegada de nuevas inversiones. Desde luego hay afectaciones inmediatas y, tenemos repercusiones a largo plazo", expresó.
Reunión con autoridades
En este marco, Gilberto Marín Quintero, vicepresidente del CCE se pronunció por una reunión entre la iniciativa privada, el gobernador en funciones, Sergio Salomón Céspedes, el mandatario electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, así como con la presidenta virtual de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de establecer propuestas para evitar afectaciones a la economía y modificar la ley para garantizar el libre tránsito en carreteras.
CHM