De acuerdo con la firma calificadora Moody´s, la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia de México, como su fortaleza económica y fiscal.
Actualmente la calificación de México en Moody's se encuentra en el segundo escalón del Grado de Inversión, que es Baa2/perspectiva estable, las obligaciones calificadas en esta están sujetas a un riesgo crediticio moderado. Se consideran de grado medio y, como tales, pueden poseer ciertas características especulativas.
La firma señaló que el historial establecido de México en materia de desempeño fiscal y políticas macroeconómicas prudentes respalda su calidad Baaediticia. Sin embargo, sus instituciones más generales son una debilidad desde hace mucho tiempo en comparación con otros pares calificados en Baa.
“Históricamente, nuestra evaluación del marco institucional de México, y en particular de su control de la corrupción y el estado de derecho, ha sido más débil que la de los soberanos con calificaciones similares”, comentó la calificadora.
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“Un mayor riesgo de politización y una menor independencia del poder judicial aumenta las probabilidades de deterioro en estas áreas”, agregó es un análisis.
Destacó que el poder judicial de México evita que el ejecutivo se extralimite en los últimos años, como el bloqueo a algunos de los cambios legales radicales que la administración de López Obrador había propuesto y que el Congreso aprobó, especialmente en sectores como la energía, donde las reformas rechazadas habrían reducido la participación privada.
“La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica y los procesos judiciales sesgados han contribuido a la volatilidad a corto plazo de los indicadores financieros mexicanos, como el tipo de cambio”, destacó.
“Una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales gubernamentales, lo que aumentaría aún más los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, ya de por sí elevados, y presionaría la asequibilidad de la deuda, ya que los gastos por intereses consumen una gran parte de los ingresos”, añadió.
Indicó que un shock de confianza prolongado también frenaría la inversión privada, lo que limitaría los beneficios de nearshoring y reduciría el crecimiento después de 2025 al promedio a largo plazo de 2 por ciento, en lugar de 3 por ciento con el beneficio de nuevas inversiones.
“La reforma del poder judicial no afecta directamente la dinámica del crecimiento, pero plantea un desafío importante para las inversiones”, aseveró Moody´s
KL