El cambio en el orden de despacho de la energía eléctrica que propone la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia energética, en la que se da preferencia a las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afectará los precios para los consumidores o creará un déficit que se cubrirá con aportaciones federales, concluyeron expertos.
Durante el tercer foro de Parlamento abierto, dónde se discute la iniciativa de reforma, el especialista del sector energético, Paul Alejandro Sánchez, aseguró que el cambio de despacho afectará los precios, ya que entrarán plantas más viejas, caras y contaminantes, 30 por ciento de ellas previas a 1993, además de que el despacho de las hidroeléctricas deben ser sostenible en el tiempo, por lo que no es la respuesta.
En el debate el especialista Fabián Vázquez, quien está a favor de la iniciativa, dijo que la propuesta tiene muchos beneficios, al ser el Estado el que generará 54 por ciento y tomará el control del sistema eléctrico, lo que se verá reflejado para los usuarios teniendo la seguridad y confiabilidad del servicio.
Por su parte, el abogado especializado en materia energética fundador del despacho BHMS consultores y asociados, Fernando Bueno, expuso que con la reforma se pierde la competencia, por lo que se incrementarán los precios de la electricidad para los usuarios.
"Cuando se elimina la competencia en los mercados se tiene una implicación directa hacia los consumidores. Además la reforma, afecta los contratos de inversiones actuales. El estado en consecuencia, al desconocer contratos y cancelarlos, tendrá que hacer frente a los reclamos y a pagos de enormes indemnizaciones".
Fernando Bueno recalcó que el Estado tendrá que destinar mayores recursos ya que al volver a ser responsable completo del sector eléctrico, tendrá que utilizar recursos que hoy podrían ser empleados para la salud y la educación.
"La cancelación de trámites que está en camino también ahuyentará inversiones. La violación de los tratados internacionales de protección de inversión, los contratos internacionales, los propios contratos y los permisos, se traducirá en juicios e indemnizaciones en favor de particulares, según cifras en 44 mil millones de pesos, equivalentess a 11 aeropuertos Felipe Angeles o 10 veces la población de México por dos vacunas de Pfizer".
Afirmó que al día siguiente de aprobarse la reforma, los contratos serán cancelados y pondrán en riesgo el abasto, porque la iniciativa dice que existe la libertad de generar por privados. "Estaríamos comprando energía más cara y altamente contaminante, el precio de la electricidad subirá y los reguladores serían parte del juego y al final".
La directora de aprovechamiento sustentable de la energía, Gabriela Reyes Andrés, dijo respecto a la división de la CFE como resultado de la reforma de 2013, que en Estados Unidos bastó con la separación funcional de las empresas y no legalmente como en México.
"La separación funcional es suficiente para el acceso abierto no discriminatorio a las redes de transmisión. Pueden convivir y conviven en muchos casos más de un modelo del sistema eléctrico público, privado y/o sociales; de igual manera pueden convivir más de un modelo de despacho".
srgs