Tras aprobarse la Ley Federal del Trabajo para prohibir la subcontratación laboral en la administración pública y privada, el Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) lamentó que, pese a la caída laboral y económica que enfrenta México derivado de la pandemia, así como de las políticas implementadas por el gobierno federal, se haya aprobado la reforma para eliminar o regular la subcontratación de personas.
Así lo indicó el presidente del CEEF, Armando Leñero, quien señaló que es paradójico que prohíban la subcontratación cuando el discurso presidencial es que en esta administración “se prohíbe prohibir”.
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“El trabajo subordinado remunerado está perfectamente planteado en la Ley del Trabajo, tanto como para quienes sean directos como para los que sean subcontratados, por lo tanto, no hay que prohibirla, sino lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley a cualquier patrón directo o subcontratista que la incumpla, porque hay muchos.
“Es por ello que en el CEEF consideramos que no es algo de prohibir, sino de vigilar y sancionar a quien incumpla y eso nos parece que es lamentable en aras a que hay corrupción que debe combatirse con la ley, pero no que se prohíba”, expuso Leñero.
Y es que, explicó, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer este esquema que opera de manera internacional, se inserta en un escenario marcado por el 1.75 por ciento en la generación de empleo formal, “cifra insuficiente para combatir la pobreza”, añadió.
Así también, refirió, se proyecta una disminución de 2.5 por ciento del ingreso laboral, entre el cuarto trimestre de 2019 y mismo periodo de 2020, “además se presenta aumento de la población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria de 37.3 por ciento a 40.7 por ciento, en este periodo; y hay un desplome del 8.5 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), durante 2020”.
Teniendo en consideración este panorama, el CEEF manifiesta que en esta discusión de la iniciativa no se haya considerado la experiencia de integrantes de la industria, así como representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes, expertos en materia legal y de la sociedad.
“El gobierno de México habla de un Parlamento Abierto, sin embargo, esta decisión fue un diálogo a Palacio cerrado y, aunque el acuerdo para eliminar la subcontratación pudiera percibirse como preliminar, porque los detalles sobre su aplicación se desconocen, la información compartida por el Gobierno resulta, en términos de redacción, totalmente confusa, lo que da lugar a múltiples interpretaciones.
“Es una medida anticonstitucional, pues en el Artículo 5 Constitucional consta que: ‘a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; por lo que se invalida un esquema que cuenta con reconocimiento internacional otorgado por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a partir del cual, México como mercado, representa el cuarto país en usar este modelo para generar empleo formal, de acuerdo con la Confederación Mundial de Empleadores, está muy lejos de ser la vía para generar trabajo digno”, dijo, no sin antes concluir diciendo que más de 4.7 millones de puestos subcontratados están en peligro por este acuerdo.