El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) consiguió una suspensión definitiva en el amparo interpuesto junto con Greenpeace en contra del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía(Sener), ambos sobre generación de energía eléctrica. La misma fue otorgada por el juez primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, el 14 de agosto.
En un comunicado conjunto explicaron que con la suspensión definitiva continuarán avanzando los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados, siempre y cuando cumplan en todo momento con el marco legal vigente, y respeten los derechos humanos de las personas en las comunidades donde pretenden instalarse.
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Anteriormente a Greenpeace México le fue concedida también la suspensión por parte del juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, el pasado 23 de junio del presente año.
Con las suspensiones quedan sin efecto tanto el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, emitido por el Cenace el pasado 29 de abril, como la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Sener el 15 de mayo de este año, hasta que dure el juicio o hasta que la suspensión se revoque o modifique.
La coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Anaid Velasco ,dijo que tanto el Acuerdo del Cenace como la Política de Sener en esta materia constituyen un retroceso en los pasos que México ha dado para avanzar hacia la promoción de las energías renovables en el país.
Por su parte, la especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, María Colín, señaló que esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población, que ayude a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, a través de proyectos comunitarios de generación distribuida.
GGA