La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que los países de la región están sumidos en una crisis de desarrollo, en medio de una década perdida, y no pueden transformar los modelos haciendo lo mismo o aquello que funciona en pequeña escala, por lo que instó a implementar políticas públicas ambiciosas para superar la profunda crisis que ha vivido en los últimos diez años.
De acuerdo con la Cepal, en 2022 los países de la región enfrentan los efectos de una serie de crisis en cascada: climática, de salud, de empleo, social, educativa, de seguridad alimentaria, energética, y de costo de la vida, las cuales impactan con diversa intensidad y variadas características a numerosos países.
El organismo dependiente de Naciones Unidas explicó que en la región, la combinación de factores externos e internos ha reducido la capacidad de crecimiento económico y de generación de empleos de calidad, dificultando su lucha contra la pobreza y la pobreza extrema; además, sus estructuras económicas y sociales se han debilitado y han entrado en situaciones que refuerzan la inercia de un débil desempeño económico.
Destacó que luego de la baja tasa de crecimiento económico de 0.6 por ciento promedio anual registrada en el período entre 2014-2019, una contracción histórica de 6.9 por ciento en 2020 y una recuperación de 6.5 por ciento en 2021, estima que las economías de América Latina y el Caribe crecerán 3.2 por ciento en 2022 y se espera una fuerte desaceleración con un crecimiento proyectado de 1.4 por ciento en 2023.
Además, añadió la Cepal, recientemente el menor crecimiento de la actividad económica se acompaña de un significativo aumento en la tasa de inflación, pues en junio de 2022 el promedio regional fue de 8.4 por ciento, más de dos veces el valor del promedio observado entre enero de 2005 y diciembre de 2019 (de 4.1 por ciento).
A esto se suma que la situación fiscal de los países de la región se ha deteriorado, debido a los importantes esfuerzos fiscales que se hicieron para combatir los peores momentos de la crisis del covid-19 y sus consecuencias sociales.
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Más pobreza
En consecuencia, alertó la Cepal, la situación social en la región se ha deteriorado, con aumentos considerables en los niveles de pobreza, que reflejan los efectos de la pandemia y de la recesión económica que la acompañó.
Calculó que en 2020, la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron, respectivamente, 33 y 13.1 por ciento de la población. Para 2021, la incipiente recuperación de las economías se tradujo en una caída muy modesta de la pobreza, a 32.1 por ciento y un aumento marginal, pero continuo, de la pobreza extrema, a 13.8 por ciento.
“Es en este contexto que los países de la región deben adoptar políticas que les permitan dinamizar el crecimiento sostenible, atenuar las presiones inflacionarias, generar empleo de calidad, y mitigar los costos sociales junto con reducir la pobreza y desigualdad. Todo esto plantea serios retos para los sistemas políticos y de gobernanza y para las capacidades técnicas, operativas y políticas de las instituciones públicas”, señaló la Cepal.
Impulsores del desarrollo
En este contexto, la Cepal propuso a la región una serie de sectores impulsores que pueden dinamizar la transformación productiva y estructural, así como la inversión y la creación de empleos. Estos son: energía (transición energética), electromovilidad, economía circular, bioeconomía, industria manufacturera de la salud, transformación digital, economía del cuidado, turismo sostenible, impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y economía social y solidaria.
El organismo regional de las Naciones Unidas recalcó la urgencia de actuar para recuperar la inversión y el crecimiento, reconoce el papel central del Estado en el diseño y ejecución de políticas para la transformación del modelo de desarrollo y argumentó la importancia de avanzar en el fortalecimiento de las alianzas públicas y privadas.
Para articular un universo tan amplio de problemas y alternativas de política, la Cepal subrayó la necesidad de avanzar en los pactos fiscales, productivos, sociales y ambientales para superar los problemas de la coyuntura actual y transitar a largo plazo hacia sociedades sostenibles, cohesionadas y resilientes, características que implican avanzar hacia la concreción de Estados de bienestar en el marco de una sociedad del cuidado.