Tras la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una pensión equivalente al salario mensual del pensionado al final de su vida activa, Citibanamex señaló que implicaría costos fiscales adicionales a los previsibles por 430 mil millones de pesos en 2025.
Estos podrán representar 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentarían rápidamente hacia 2 por ciento en menos de diez años, dijo la firma financiera.
Citibanamex y la reforma a pensiones
Señaló que esta propuesta no tiene sentido si no se focaliza y justifica a qué trabajadores se quiere ayudar, reconociendo los sesgos actuales de la política social, como apoyos a personas de la tercera edad, abandono de la niñez, pagos en efectivo en lugar de dotación de servicios de calidad.
“Pretender una tasa de reemplazo de 100 por ciento es excesivo cuando se observa lo que otros países hacen y cuando se reconocen las muy diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes”.
Destacó que debe reconocerse que el gran problema de los sistemas de pensiones en México es la magnitud del sector informal, que da al traste con los años de cotización que una persona realiza durante su vida laboral: el trabajador típico sólo cotiza la mitad de los años que trabaja.
Explicó que aumentar la pensión universal y subir las tasas de remplazo de personas con pocos años de cotización desincentiva la formalización, mientras que sobre el equilibrio en la atención pública a diferentes grupos de edad, el gobierno actual ha perdido de vista las necesidades de la niñez y se ha centrado demasiado en las de la tercera edad.
Además de que la pensión universal incluye a personas ricas y pobres, “entregar gasto social en efectivo elude el compromiso de ofrecer servicios básicos a la población de mayores necesidades”.
La firma financiera reconoció que se requiere de una visión más equilibrada de las modalidades del gasto social, y de un enfoque para enfrentar la existencia del sector informal y la movilidad de los trabajadores entre formalidad e informalidad. Recordó que la pensión mínima garantizada y la universal sirvieron para enfrentar las bajas tasas de reemplazo de la reforma de 1997.
Por lo que la ayuda y costo fiscal requeridos para que las tasas de reemplazo de los trabajadores de baja densidad de cotización o de salarios mayores a 16 mil pesos mensuales lleguen a 100 por ciento, implicarían sacrificar usos alternativos de ese dinero.
¿Cómo se ve el panorama?
Citibanamex señaló que si la tasa de cotización de 15 por ciento, ya prevista para 2030, aumenta a 21 por ciento, el trabajador de salario promedio y con 40 años de cotización tendría en el 2063 una tasa de reemplazo de entre 85 y 95 por ciento, o sea entre 93 y 110 por ciento al añadir la pensión universal, lo que implicaría un costo fiscal cercano a 300 mil millones de pesos, 0.9 por ciento del PIB cada año a partir de 2025.
“Resulta muy oneroso desde el primer año, porque aplicaría a 23 millones de trabajadores (a diferencia de medidas que afecten sólo a los actuales y próximos jubilados)".
Explicó que como proporción del PIB, su evolución en próximos años dependerá de la relación entre crecimiento del PIB y de la masa salarial, compuesta del empleo y salario, por lo que con un avance esperado de alrededor de 1.7 por ciento para los próximos diez años y de 2.5 por ciento para la masa salarial, habría una tendencia moderadamente creciente de ese costo.
“El costo fiscal sería mucho mayor si se pretendiera acercar a 100 por ciento de tasa de reemplazo a los que cotizaron sólo 20 años, pues se requeriría aumentar la cotización, en lugar de seis, más de 20 puntos porcentuales. Claro, acercar a estos trabajadores a 100 por ciento significaría acercar a los del salario promedio al 200 por ciento, algo totalmente inviable”.
EDD