La Asociación de Internet MX advirtió que la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación representa riesgos para la privacidad, la economía y la ciberseguridad en México, ya que solo “fue mínimo el cambio, dejando estos riesgos latentes para la ciudadanía y las organizaciones”, señaló David Pizaña Rito, vicepresidente de Comercio Electrónico de la AIMX.
En entrevista con Carlos Zúñiga para MILENIO Televisión, Pizaña explicó que la reforma permitiría a la autoridad tener acceso en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales, pues advirtió “esto es como darle una llave maestra para entrar a cualquier sitio electrónico, sin necesidad de una orden judicial”.
El representante del sector subrayó que la medida afecta las garantías individuales al permitir la revisión de información privada:
“El acceso sin proceso legal implica que mañana la autoridad pueda revisar información a la cual no tiene derecho. Es un riesgo a la privacidad y a las garantías constitucionales”.
“Durante 25 años se ha luchado por impulsar el comercio electrónico; hoy, con esta reforma, muchas empresas medianas y pequeñas podrían decidir no seguir en ese ecosistema digital [...] esto podría frenar la economía porque las empresas temerán ser vigiladas sin límites”, añadió Pizaña Rito.
En materia de ciberseguridad, David Pizaña enfatizó que la reforma abre “una puerta a posibles ataques”, dado que sostuvo que “al darles acceso total, quizá la autoridad tenga control sobre la materia fiscal, pero también se corre el riesgo de que ciberdelincuentes accedan a la información de personas y empresas”.
“Si tú tienes una cuenta en Amazon, la autoridad no solo podría ver qué compraste, sino toda la información que tengas ahí, incluso datos industriales o confidenciales. Es decir, el gobierno podría entrar a tu cajón y ver qué tienes, aunque no tenga derecho”, ejemplifico el vicepresidente de Comercio Electrónico de la AIMX.
El especialista aclaró que no se oponen a la fiscalización, sino al “exceso”, ya que expresó que “la tecnología es idónea para fiscalizar a quien deba hacerlo, pero esta medida va más allá de lo que sería correcto en el mundo físico, donde se necesita una orden debidamente fundada y motivada”.
Pizaña Rito afirmó que confía en que el Senado modifique la iniciativa antes de su entrada en vigor, pues dijo “todavía apelamos a que el Senado revise esta reforma que puede poner en riesgo derechos constitucionales, tratados internacionales y la economía interna”.
EHR