La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que interpuso la primera acción colectiva en su historia en contra de empresas farmacéuticas en el país que presuntamente durante un periodo de 10 años se pusieron de acuerdo para limitar la distribución de ciertos medicamentos en el país.
Dicha acción es contra Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana.
De acuerdo con la Cofece, durante una década decidieron no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias y manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias.
A través de un comunicado, la Cofece explicó que estas conductas redujeron la disponibilidad y aumentaron los precios de los medicamentos en el país, generando un daño que calculó en más de 2 mil millones de pesos.
Recordó que en 2021, la Cofece sancionó a empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxima que en este caso permitió la ley, al igual que inhabilitó a diez directivos involucrados en los acuerdos anticompetitivos.
Ahora la Cofece exige, por medio de las acciones colectivas, que las empresas paguen 2 mil 316 millones de pesos para reparar el daño.
En la acción, la Cofece solicitó al Poder Judicial que los recursos se destinen al IMSS-Bienestar que fue el sector donde se sufrió el perjuicio.
¿Qué son las acciones colectivas?
La Cofece explicó que las acciones colectivas en materia de competencia son un tipo de recurso que permite que quienes hayan sufrido daños derivado de una conducta anticompetitiva determinada por esta autoridad, sean compensados por el daño sufrido.
Es decir, que las empresas infractoras de conductas anticompetitivas tengan que reparar lo que se determine como daño causado.
Y los beneficios que tienen este tipo de acciones a la población son:
- Acceso a la justicia.
- Garantiza que los responsables del daño lo reparan adecuadamente, beneficiando a cada miembro del grupo.
- Fomenta una mayor responsabilidad y ética en empresas y entidades, al saber que pueden ser demandadas por prácticas perjudiciales.
- Proporcionan eficiencia al sistema jurídico y permiten que diversas acciones individuales destinadas a hacer exigibles los mismos tipos de derechos en una controversia, sean sustituidas por una acción única.
MRA