Las finanzas abiertas promueven el acceso a los servicios financieros, fomentan la competencia y brindan seguridad de datos financieros; sin embargo, la regulación vigente en México limita su campo de acción y aunque existe el referente de un marco legal con el que se podría trabajar, falta un largo camino, advirtió el despacho jurídico García -Cuellar, Aíza y Enríquez.
Las finanzas abiertas se basan en un sistema de API’s estandarizadas, abiertas y descentralizadas que permiten a diferentes instituciones intercambiar mensajes o datos en un formato único y seguro. Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) tiene la función de conectar sistemas, software y aplicaciones e intercambiar datos entre diferentes sistemas.
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“Las finanzas abiertas son el ecosistema de servicios financieros en el que los datos transaccionales de los consumidores financieros se comparten con su consentimiento previo y consciente, entre las distintas instituciones financieras que pueden ofrecer servicios y productos financieros a la medida, basados en esa información”, dijo el especialista en derecho financiero, regulatorio y Fintech, del despacho García-Cuellar, Juan Carlos Ollivier.
En un taller para medios, explicó que la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), publicada en marzo de 2018, regula a las criptomonedas, blockchain, crowdfunding, eWallets y API’s, pero no las finanzas abiertas.
De forma específica, la Ley Fintech regula a las API’s, en sus artículos 76 y 77 regula a las API’s, pero hace falta avanzar en una regulación secundaria en distintos temas; además de finanzas abiertas, en agentes digitales.
El especialista abundó en que constantes cambios de personal en las instituciones reguladoras en el país, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), han impedido el avance de este esquema necesario para que las fintech tengan una mayor participación en las finanzas abiertas, lo cual no ha ayudado, porque si alguien ya había empezado con una regulación, con un proyecto y hay un cambio, y luego una salida, todo se detiene.
Añadió que lo mismo pasa en otras en otras entidades, como la Unidad de Banca y Ahorro (UBA) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) “ya llevamos muchos años de retraso, o sea ya son del 2018 ya es para que tuviéramos por lo menos un proyecto”, dijo.
Ollivier, señaló que las autoridades podrían encontrar mejor coordinación para que haya una mayor seguridad, de una manera supervisada, pero al mismo tiempo contar con la capacidad para generar la infraestructura que dé viabilidad a los requerimientos que tiene el sector.
En tanto, el director de Relaciones Públicas, Regulación y Relaciones Institucionales de Belvo, Sebastián de Lara, reconoció que en un principio las instituciones financieras rechazaban esta regulación, pero hoy se dieron cuenta de la importancia y potencial que tiene la utilización de las finanzas abiertas.
srgs