La constructora FCC negocia un acuerdo con la justicia de Panamá para asumir una multa que podría alcanzar los 18 millones de euros por el pago de sobornos para obtener contratos de obra pública en el país centroamericano, lo que en la práctica equivale a admitir los hechos que investiga ahora la Audiencia Nacional.
Los hechos, adelantados la semana pasada por medios locales de aquel país, han dado lugar a que el titular del juzgado central de instrucción nº 2, Ismael Moreno, haya imputado a la empresa en España por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015.
Se trata del pago de 82 millones en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.
Aunque el magistrado señala a los exdirectivos de FCC que participaron en los hechos, la responsabilidad penal se dirige también contra la empresa como persona jurídica, ya que no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de los hechos, ni implementó mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas".
En paralelo a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional en colaboración con la fiscalía Anticorrupción, FCC, está negociando con el ministerio público panameño el pago de una multa cercana a los 20 millones de dólares (unos 18 millones de euros) a cambio de dar por cerrada la investigación en el país caribeño, según han confirmado a Efe fuentes conocedoras de la operación.
La empresa ha hecho público este jueves un comunicado en el que aclara que colabora con la justicia para esclarecer si realmente sus directivos pagaron comisiones para la adjudicación de obras en Panamá, desde su compromiso de "tolerancia cero con la corrupción".
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A mediados de este año, FCC presentó en la Fiscalía Anticorrupción sendas denuncias sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los presuntos pagos de sobornos investigados, y aportó 38 facturas y transferencias libradas entre 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros, por servicios no prestados y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.
lvm