Si el proceso de reforma a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, termina afectando la garantía de libre competencia sobre contrataciones públicas, y vulnera los derechos de las empresas del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que actuará legalmente contra su implementación.
En videoconferencia, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló que si lo que apruebe la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores resulta a su juicio, violatorio de algunos principios o algunas normas, analizarán de inmediato la viabilidad de su impugnación legal en el ámbito particular de las empresas que puedan tener una afectación.
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“Privilegiando siempre la construcción en consenso, no descartamos ninguna posibilidad de judicializar aquellas normas que a nuestro juicio puedan ser violatorias, primero de la Constitución y los tratados internacionales, y en el caso de afectaciones a empresas, donde se vulneren sus derechos, acompañarlas para que puedan tener una defensa”, aseveró.
Reforma a Ley de Adquisiciones
Con la iniciativa, se busca adquirir insumos y medicamentos en el extranjero sin licitación de por medio.
Expuso que de no ser escuchadas las propuestas del sector privado sobre un análisis profundo a la reforma de ley, “sí lo vemos como una posibilidad, desde luego hablamos de manera abstracta sin tener claridad de cuál va a ser la conclusión del debate parlamentario, pero desde luego vamos a actuar como siempre lo hacemos, tratando de convencer, y si fuera el caso procederíamos a la judicialización”.
Reforma a Ley de Adquisiciones podría elevar índices de corrupción: Coparmex
A su vez el presidente de la comisión anticorrupción de la Coparmex, Max Kaiser, señaló que realizar una reforma de manera rápida y sin una revisión a fondo, caerá en mayores índices de corrupción al continuar otorgando al gobierno más adjudicaciones directas o procesos de invitación restringida en los diferentes sectores.
“En el gobierno al día de hoy, 80 de cada 100 contratos, se hacen por adjudicación directa, pero hay que sumar que entre 7 y 8 más, que se hacen por vía del procedimiento que se llama invitación restringida. Quiere decir que casi 90 de cada 100 contratos se hacen sin competencia”, aseveró.
Resaltó que la gran mayoría de los grandes proyectos de infraestructura se están haciendo a través de Invitación Restringida; “Dos Bocas, Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, se están haciendo básicamente a través de procesos de invitación restringida”.
“Quiere decir que no solo la mayoría de los contratos 80 de cada 100, se hacen vía adjudicación directa, sino que la mayoría de los contratos y proyectos grandes se hacen por vía de la invitación restringida, que no es un proceso competitivo, es un servidor público escogiendo entre tres ofertas que él mismo invita”, afirmó.
Detalló que dentro del artículo 134 de la Constitución Mexicana enmarca que la regla general en las contrataciones públicas en el país, es la competencia que se realiza por medio de la licitación pública, en la que se promuevan las mejores condiciones para el Estado y no para beneficios de unos cuantos.
En ese sentido propusieron un decálogo que debe contener la nueva Ley tales como: transparencia; competencia; no discriminación; eficiencia y economía; objetividad; trazabilidad; aplicación de la ley; responsabilidad; capacidad y profesionalismo.
GGA