Tras darse a conocer el “huachicol fiscal”, la Confederación Patronal de la república Mexicana (Coparmex) en Hidalgo hizo un llamado a las autoridades del sector energético, en especial a la Secretaría de Energía (SENER), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas para atacar, de manera directa, esta, así como coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar los operativos correspondientes y detener a vendedores y compradores responsables de crear un mercado ilícito de petrolíferos.
Así lo señaló Alberto Paredes Dueñas, presidente de organismo empresarial en Hidalgo, quien se suma a este llamado nacional para terminar con esta actividad ilícita, y dijo que en el estado no se tiene registro de alguna empresa que adquiera combustible de origen ilícito.
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“No tenemos empresas ligadas al huachicol, pero hemos insistido al secretario de Seguridad de Hidalgo que se ataque, aunque nos ha manifestado que es un tema muy delicado porque hay situaciones del orden federal y que los que tienen que actuar en estos asuntos es el Ejército o la Marina, o la Guardia Nacional.
“Este es el punto en donde se pueden encontrar dificultades y como organismo empresarial sí hemos pedido que se ataque por el daño propio a la economía y por los delitos que van asociados a esta práctica”, insistió el líder empresarial.
En este sentido, y aunándose a esta tarea de evitar que crezca este delito, hizo un llamado al sector empresarial para que no incurran en el consumo del huachicol, “porque si no hay demanda, desaparece la oferta por este tipo de productos, por lo que pide que se hagan acciones legales.
“Repito, no hemos registrado a alguna empresa hidalguense que esté incurriendo en este delito, pero seguiremos haciendo este llamado”, expuso.
Y es que detalló que, conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, las empresas que adquieren combustible de origen ilícito incurren en el delito de posesión ilegal de hidrocarburos, con el riesgo de revocación de permisos, clausura de actividades y sanciones privativas de la libertad.
Añadió que en los últimos meses se ha observado que el huachicol fiscal ha seguido en el mercado del Diésel y ha ido avanzando en el mercado de gasolina, “lo cual perjudica severamente a las empresas que importan de manera legal”.
Expuso que, por desgracia, hay cada vez más empresas en México, así como estaciones de servicio y usuarios que deciden comprar combustible ilegal por los precios bajos que están por debajo del mercado.
“Los principales huachicoleros son empresas que emiten facturas a favor de sus clientes y legitiman sus operaciones con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y pedimentos de importación que no corresponden a sus verdaderas actividades.
“Pero las principales consecuencias del huachicol fiscal se encuentran en el orden la afectación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas que operan legalmente y pierden mercado frente al contrabando de combustible ilegal; la evasión de impuestos; la distorsión de los precios de mercado; la corrupción en aduanas y la complicidad de consumidores”, concluyó.