Cosméticos, cambios en ‘outsourcing’: CEEF

Riesgoso es prohibir la subcontratación de personal y no establecer cómo se eliminará la corrupción dentro de las instituciones, opina Armando Leñero.

El outsourcing se encarga de prestar servicios a otras empresas en factor humano. (Cortesía Pexels)
Esther Herrera
Monterrey /

La nueva reforma para regular el outsourcing solo propiciará más corrupción y la creación de un “Frankenstein”, que es el registro para operar ahora en el mercado, quedando así un cambio “cosmético” a los problemas de evasión, señaló Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

Sostuvo que lo riesgoso es prohibir la subcontratación de personal y no establecer cómo se eliminará la corrupción dentro de las instituciones.

Al eliminar los empleos que se generan por subcontratación pasarán a la informalidad poco más de dos millones de personas y se sumarán a los 13 millones que hoy se tiene de informales, indicó.

Consideró que con esta iniciativa no se le va a hacer justicia a los trabajadores, y tampoco tendrán un régimen de contratación real, certeza jurídica, Seguro Social, Infonavit, entre otras prestaciones.

El presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal mencionó que si no se tiene claridad sobre las consecuencias de la entrada en vigor de esta iniciativa el primero de enero, es necesario continuar el análisis de ésta.

“Una decisión aventurada generará la peor etapa en la creación de empleo formal para los trabajadores”.

En entrevista, el especialista comentó sobre la creación de la Oficina de Registro de Empresas para la Subcontratación de Servicios, que dependerá de la Secretaría del Trabajo.

“Esta oficina no servirá para nada, porque la autorización se prestará a discrecionalidad de la autoridad, y por ende, a la corrupción, y no evitará lo que se quiere evitar: que no haya simulación y evasión”, enfatizó el especialista.

Insistió que en la justificación de la iniciativa se indica que se pretende "poner en orden" a la subcontratación laboral, en la que participan más de cuatro millones de trabajadores.

La propuesta busca regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y de obras especializadas y las agencias de colocación.

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