Representantes del sector automotriz en México indicaron que su preocupación ante la regularización de los autos que ingresan de forma ilegal al país, conocidos como autos chocolate, creció tras su reforma publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) este domingo.
El director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, resaltó que la reforma es una “señal de no cuidar el Estado de Derecho”, lo que trae consigo una mayor incertidumbre respecto a lo que pueden esperar como industria.
“El decreto del 18 de octubre y del 19 de enero del presente año nos parecían preocupantes, el que se acaba de publicar o promulgar el día de ayer resulta todavía más preocupante… Esta señal de no cuidar el Estado de Derecho, lo único que hace es crear mayor incertidumbre respecto a lo que podemos esperar como industria”, argumentó en conferencia de prensa.
El 18 de octubre del año pasado se publicó en el DOF, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el acuerdo mediante el cual se instruyó a diversas dependencias la elaboración del decreto de regularización.
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El 19 de enero se publicó el decreto, que contemplaba aplicarse en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, no obstante, con la reforma se adiciona a Sinaloa y Zacatecas.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) consideró que la reforma carece del “mínimo control” por parte de las autoridades, para garantizar que estas unidades no cuentan con reporte de robo ni condiciones de seguridad mecánica.
El presidente del organismo, Guillermo Rosales, indicó que una de sus principales preocupaciones radica en las modificaciones al artículo sexto, pues al otorgar los documentos requeridos para la legalización, prácticamente de forma automática queda concluido el proceso.
“Da la pauta, para dilucidar con toda precisión, que el procedimiento que se está instaurando carece del mínimo elemento de control por parte del estado mexicano, para asegurar que los vehículos a los que se les dará legal instancia no cuentan con reporte de robo, no cuentan con reportes de condiciones extremas en cuanto a la calidad mecánica”, aseveró.
Al igual que el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), Miguel Elizalde, y el director general de la Asociación Nacional de Autopartes (INA), Alberto Bustamante, resaltaron que no existen cifras exactas en cuanto a la importación ilegal de vehículos, sin embargo, el decreto podría motivar una mayor recepción de estas unidades, afectando así a todos los agentes económicos del sector.
En tanto, Cuevas resaltó que el marco legal del decreto debería estar manejado por la Agencia Nacional de Aduanas, no obstante, al Registro Público Vehicular se le están asignando “facultades que no le competen”.
“El simple registro de un vehículo usado, que no ha sido importado, sino que ha sido introducido al país de forma irregular, el simple registro en el Registro Público Vehicular le da el carácter de una importación definitiva, realizada contrariamente a las disposiciones legales, pero que la Agencia Nacional de Aduanas debería de considerar como legalmente importable”, resaltó.
AMP