Ante la publicación del decreto presidencial en febrero de 2020 por el que se prohibió la importación y comercialización de vapeadores como medida alternativa al consumo de tabaco, la compra de estos dispositivos se ha incrementado en el mercado informal, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
“Ese decreto no ayuda y no contribuye, pues ningún decreto o ley cancela el consumo. Empieza en los grandes nichos de contrabando como Tepito, de ahí a cruceros, paraderos, tianguis, establecimientos de tatuajes y perforaciones y el comercio electrónico”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo.
Sostuvo que con ello los consumidores viven una situación de mayor riesgo, pues estos dispositivos no cuentan con control de calidad y la opción de mercado, que pudo ser una alternativa controlada y dentro de la legalidad, cambió sus canales de venta para pasar del anaquel a los puntos informales de comercialización.
Impactó también en los precios de los dispositivos, pues —dependiendo de su configuración— pasaron de un valor de 100 y 300 pesos hasta mil 500.
En México existen cerca de 15 millones de fumadores, de los cuales, indicó Rivera, se estima que al menos 10 por ciento se fue hacia el segmento de vapeadores, por lo que sin el decreto en 2020 pudo haber subido a cerca de dos millones de personas.
Recurso legal
La asociación civil México y el Mundo Vapeando dio a conocer un nuevo amparo otorgado al empresario poblano, Jorge Mercado, en contra del decreto presidencial mencionado.
Este amparo de distribución se suma a los cuatro que otorgados entre 2012 y 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Juan José Cirión Lee, presidente de la asociación, comentó que es sólida la batalla legal contra el decreto, pues adicional a los recursos legales mencionados también hay otros 11 amparos para autoconsumo.
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Monreal: evaluar a las calificadoras
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró la necesidad de regular a las empresas calificadoras de riesgo, debido al impacto de sus evaluaciones y los conflictos de interés en su operación. En el análisis “Las calificadoras de riesgo: entre la técnica y la política”, publicado en su sitio web, Monreal señaló que las calificaciones otorgadas por las referidas firmas permiten a las instituciones estatales o privadas acceder a financiamiento. “Ello no es un asunto menor, ya que lo que puede estar en juego es el desarrollo de los países”, dijo.