La financiera no bancaria Crédito Real solicitó acogerse al Capítulo 15 de la ley de quiebras de Estados Unidos como parte de su proceso de reestructura y luego de que fuera puesta en liquidación por un juez en Ciudad de México el jueves pasado.
En una aclaración solicitada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Crédito Real explicó que el jueves pasado solicitó ante los tribunales de Delaware, Estados Unidos, acogerse al procedimiento contemplado en el Capítulo 15 de la ley de quiebras de Estados Unidos.
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Además, solicitó desechar del procedimiento judicial de insolvencia iniciado sin consentimiento de la compañía por un grupo de tenedores de bonos conforme a la ley de quiebras en el Distrito Sur de Nueva York.
Además, indicó que fueron Santander y BBVA quienes pidieron las medidas cautelares en su contra para asegurar bienes, tales como cuentas bancarias y derechos de fideicomisos, solicitudes que se encuentran radicadas en juzgados del orden común en Ciudad de México.
“Salvo por lo anterior, Crédito Real no tiene conocimiento de cualquier otro procedimiento judicial, administrativo y arbitral de importancia para la compañía o para las personas morales que ésta controla, o en contra de los accionistas que tengan cuando menos una influencia significativa, consejeros y directivos relevantes”, agregó.
En tanto, señaló que fue Ángel Francisco Romanos Berrondo, accionista de la compañía, quien informó al juzgado sobre la causal de disolución. El liquidador provisional designado por la autoridad judicial es el abogado Fernando Alonso de Florida Rivero, quien aceptó el cargo el pasado 8 de julio. Su designación será definitiva de causar ejecutoria la sentencia referida.
Crédito Real explicó que dicha sentencia de liquidación que fue publicada el pasado jueves y surtirá efectos de notificación el próximo primero de agosto, por el periodo vacacional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
En consecuencia, la sentencia no ha causado estado y conserva la personalidad jurídica de la compañía únicamente para efectos de la liquidación y, de acuerdo con las medidas decretadas por el propio juez, encaminadas a preservar en la mayor extensión posible el patrimonio de la compañía.
Finalmente, agregó que, como ha denunciado y publicado previamente, no se percibe que exista cualquier situación que pudiera repercutir en la estructura financiera, en los resultados o en los índices de liquidez, rentabilidad y utilización de activos de la Emisora.
“El flujo de efectivo de la cartera vigente de la compañía no se encuentra afectado como consecuencia de la declaratoria de disolución, que hará frente a los próximos vencimientos de certificados bursátiles identificados con las claves de pizarra 'CREALCB17' y 'CREALCB19'", añadió.
AMP