En días recientes, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma sobre la nueva Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde además de estipular que edificara vivienda, se realizaron una serie de modificaciones en la conformación de su asamblea, ajustes que generaron preocupación a los organismos patronales.
¿En qué consiste la nueva Ley del Infonavit?
Uno de los primeros cambios que se busca tener para el Infonavit es que ahora será constructor de casas en beneficio de las personas trabajadoras, con la finalidad de reducir esta problemática nacional.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que su plan de edificación de vivienda es de un millón en el presente sexenio, de las cuales 50 por ciento estarán a cargo del Infonavit y el restante 50 por ciento de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Sin embargo, el punto central en el conflicto sobre la nueva Ley de Infonavit se da en torno a las modificaciones sobre la conformación de su consejo de administración, situación que los organismos patronales calificaron como un riesgo para el tripartismo.
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¿Qué es el tripartismo?
Este concepto surge de la conformación de la asamblea general del Instituto, donde en partes iguales se encuentran el sector gubernamental, el laboral y el empresarial.
A través de estos tres actores, se realizan votaciones y se estipulan las acciones a tomar en el futuro.
En el contexto de la nueva Ley del Infonavit, su asamblea general se reducirá de 45 a 30 integrantes, de los cuales 10 serán para el sector empresarial, 10 para el laboral y 10 para el gubernamental.
Sin embargo, ahora el director general de Instituto, Octavio Romero Oropeza, tendrá el poder del derecho de veto sobre las decisiones que se tomen.
En el caso del consejo de administración, igualmente, habría una reducción del personal que lo conforma de 15 a 12, donde cada sector tendría cuatro integrantes.
Además, la nueva Ley establece otra serie de cambios en organismos dentro del Infonavit, como son el Comité de Auditoría donde ahora tendrá cinco integrantes, uno de ellos para el sector empresarial, otro para el laboral y tres para el gobierno.
Asimismo, la Comisión de Vigilancia conservaría a sus nueve miembros, aunque ahora cinco serían para el gobierno, dos para el sector laboral y los restantes dos para el empresarial.
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KL