Las casas que son construidas por sus propios dueños, sin supervisión de ingenieros y arquitectos, son más propensas a sufrir grandes daños ante terremotos, pese a esto, más del 60 por ciento del parque habitacional en México está representado por este tipo de viviendas, indicaron expertos.
En conferencia virtual, Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, aseguró que, además de estas construcciones, los edificios que más se dañaron fueron los construidos entre 1970 y 1980, previos a la nueva regulación que entró en vigor luego del terremoto de 1985 y las reformas de 2004 y 2017.
El arquitecto explicó que los sismos generan actualizaciones en los reglamentos de construcción y en este año se realizó una última actualización que obliga a los ciudadanos a mantener esquemas de prevención y revisión de inmuebles.
“Hoy contamos con un reglamento vanguardista, a la altura de los mejores en el mundo y que nos permite ratificar, que, si bien es cierto que en 2017 se tuvieron afectaciones tras el sismo en la ciudad, hay que señalar que muchas de ellas se dieron en edificaciones autoconstruidas y en edificaciones muy antiguas”, dijo Carrasco.
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Además de lo que dicta la regulación, aseguró que existe una conciencia entre ingenieros y arquitectos considerando los efectos y el comportamiento de las estructuras, basados en su regularidad y en las nuevas tecnologías.
En este sentido, Bernardo Gómez, coordinador del Comité Técnico de seguridad del Colegio de Ingenieros Civiles, dijo que es complicado decirle a la ciudadanía que los ingenieros en conjunto con los arquitectos diseñan los edificios para que resistan daños, ajustando y adecuando las edificaciones a las normas.
Agregó que sólo 10 por ciento de las edificaciones en Ciudad de México se han visto beneficiadas por las adecuaciones que dicta el reglamento más reciente; sin embargo, existen viviendas y edificios previos a 1985 que no están cubiertas por las modificaciones y reforzamientos necesarios, que, de acuerdo con la última actualización, son responsabilidad de los ciudadanos, y no del gobierno responder ante los daños que genere una catástrofe sísmica.
“Tiene que hacer la evaluación y el proyecto de rehabilitación y refuerzo, pero la nueva actualización al reglamento genera que ese costo no recaiga sobre el erario público, porque los recursos que se utilizan para la reconstrucción ya no se utilizan para hacer escuelas u hospitales, por lo que se traslada la responsabilidad para que los ciudadanos actúen de manera preventiva, no de forma correctiva y es uno de los costos que debemos pagar por vivir en la Ciudad de México”, explicó.
AMP