Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el visto bueno a la Reforma Eléctrica, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) indicó que si bien aún faltan muchos detalles e implicaciones de la decisión, “es claro que por lo pronto genera una situación de inseguridad jurídica significativa”.
En su análisis ejecutivo semanal, el organismo que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que es de esperarse que ello detenga aún más la inversión, “especialmente en el sector energía, que es particularmente necesaria para la reactivación económica”.
“Los inversionistas nacionales y globales habían mostrado interés y disponibilidad de recursos para invertir en el sector y actuaban en consecuencia. Mientras tanto en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2022 que dio a conocer la consultora Kearney, México quedó fuera de los 25 países más atractivos”, destacó.
Por otro lado, sobre la presentación de los Precriterios Generales de Política Económica 2023 de la Secretaría de Hacienda enviados al Congreso de la Unión, con el que comienza el proceso de presupuestación de ingresos, egresos y deuda pública, el Ceesp aseguró que en dicho plan las autoridades continúan siendo muy optimistas.
Indicaron que si bien son significativos, los ajustes del documento reflejan el “continuado optimismo” que ha caracterizado al gobierno en todos sus programas económicos, y que contrastan marcadamente con las percepciones de la mayoría de los analistas y agentes de los mercados.
“Claramente la intención de los Precriterios es divulgar un ambiente de salud presupuestal hacia 2023. Se prevé que los ingresos tributarios serán mayores en 570 mil millones de pesos a lo estimado para 2022. Del documento se aprecia que las autoridades continúan la práctica de presupuestar con base en escenarios muy optimistas en comparación con la realidad de la coyuntura”, aseveró.
Expuso que si bien al dedicar algunos recursos adicionales a atención a la salud y a medicamentos, la mayoría de los reforzamientos de gasto, van a los proyectos de inversión privilegiados por el presidente y a programas sociales, “también prioritarios, con aparentes, casi evidentes, fines electorales”.
“Lo malo de ese escenario es que, cuando se agote la fortuna y los recursos de una sola vez, el dilema será el recorte de gasto público, que probablemente afectará más a prioridades sociales como salud, educación y seguridad que a los programas con fines más político-electorales, o el deterioro de las finanzas públicas vía déficit y deuda pública”, indicó.
Sostuvo que si bien es cierto, los Precriterios no muestran “nada sorprendente”, si refleja la necesidad de fortalecer las fuentes de recursos de ingresos públicos. “Es importante establecer medidas eficientes de simplificación de impuestos que no alienten la informalidad y fiscalización, que eleven la eficiencia recaudatoria sin desalentar la inversión”.
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