El comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Arturo Robles Rovalo, detalló que la controversia contra el Panaut que interpuso el organismo, tiene como eje central que no se viole el derecho de los usuarios al acceso a las telecomunicaciones; además, advierte de la falta de presupuesto para concentrar los datos de 120 millones de líneas de telefonía móvil, pues se pretende crear un padrón más grande que el del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Lo más importante, desde mi punto de vista, es la desconexión de los usuarios. Lo que se está buscando es que la Corte (la SCJN) diga si efectivamente se están violando, invadiendo atribuciones, y que diga cuál es el balance justo entre ambos derechos que son fundamentales, el derecho a estar conectados y la seguridad”, expresó en entrevista con MILENIO Televisión.
El Pleno del IFT decidió presentar una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril de 2021, en el cual se plantea la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
El comisionado del IFT, detalló que en dicha controversia se suspenda dichas atribuciones "en el momento en que se empiecen a ejercer cualquier acción referente a esta ley; se están destinando recursos, los cuales son del presupuesto y puede haber afectaciones a los usuarios en caso que se tuviera esta atribución de desconectarlo".
Recordó, según se establece en la ley, que si en dos años no los usuarios no se registran en el Panaut se desconectará su línea telefónica.
“Si se desconecta una línea se estará privado de este derecho constitución que es el acceso a telecomunicaciones y radiodifusión, y justamente lo que nos dice el artículo 28 de la Constitución, es que el IFT tiene que velar por el correcto desarrollo de las telecomunicaciones y ayudar a que todos estén conectados”, expresó.
Robles Rovalo destacó que el segundo tema de relevancia en la controversia es el presupuesto, debido a que se pretende crear el padrón público más grande en el país, con 120 millones de líneas, pues recordó que el Renaut, un padrón similar creado en años anteriores, tenía en su fecha límite de registro, 35 por de líneas sin registro, lo que representaba a 25 millones de líneas que iban a ser suspendidas.
“Ahora que existen 120 millones de líneas, serían más de 30 millones de líneas que pueden ser desconectadas y esto obviamente está en contra de nuestro mandato constitucional”, expresó.
El comisionado del IFT dijo que preocupa el tamaño de los datos que se pretenden concentrar en el Panaut, por lo que se requiere de certidumbre sobre los recursos suficientes para lograrlo.
“Las controversias constitucionales son básicamente para defender las atribuciones que tiene cada una de las instituciones que forman parte del Estado, en este caso lo que vemos es que se invaden estas facultades al, por un lado, mandatar que tenemos que hacerlo con el presupuesto actual, el cual se ha visto reducido en 40 por ciento”, expresó.
Finalmente, sostuvo que el registro de usuarios de telefonía móvil o el número celular con un nombre, es una práctica común en 180 países; sin embargo, la validación biométrica para evitar la suplantación de identidad del usuario es la principal diferencia en México.
MRA