La organización Defensa Colectiva A. C., que este jueves obtuvo una suspensión definitiva contra el acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) que busca incrementar el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tiene un largo historial de batallas contra el gobierno federal en litigios encaminados a evitar y remediar los daños a las comunidades, por situaciones de contaminación al medio ambiente.
Entre las acciones colectivas que ha litigado se encuentra la demanda contra Pemex en 2014 por la falta de regulación al permitir vender litros incompletos a los consumidores, así como la demanda presentada el 25 de julio de 2013 para el saneamiento de la cuenca del Río Santiago, en Jalisco.
Algunas de las afectaciones que defiende esta asociación civil son los conceptos de cobro indebidos en el recibo de energía eléctrica, además de los abusos en la presentación de servicios turísticos y de prácticas ilegales por parte de diversos proveedores.
El amparo que solicitó dicha organización contra el acuerdo publicado por la titular de la Sener, Rocío Nahle, con el que pretendía controlar todo el sistema eléctrico y frenar las inversiones de energía limpia y renovable el pasado 15 de mayo, fue concedido por el Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
El fin de la organización en este tema particular "es proteger el derecho a un ambiente sano y la existencia de nuevos curadores en la participación del mercado eléctrico", es decir, promover la competencia y que no todo esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En su página web establece que "las acciones colectivas sólo se presentan ante un juez federal en materia civil y que el desarrollo de nuestra economía se ha fundado en una degradación del ambiente hasta límites de una gravedad brutal".
Algunas de las dependencias que pueden promover una acción colectiva son la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el representante común de una colectividad de al menos 30 miembros.
icc