El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que algunas propuestas contenidas en el Paquete Económico 2022 ponen en riesgo el ejercicio imparcial de la contaduría pública, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a no dañar a estos profesionistas.
De acuerdo con el IMCP, en el paquete fiscal 2022 se inscribe la obligación para que los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por 876 millones 171 mil 996.50 pesos estén obligados a hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.
El instituto considera que si bien esto es positivo para incrementar la recaudación en el país, desde su punto de vista hay aspectos que deben modificarse antes de que sean votados y aprobados por el poder legislativo, ya que de no hacerlo, se afectaría gravemente el ejercicio de la actividad del contador público.
Puntualizó que la reforma al artículo 52 fracción II del Código Fiscal de la Federación establece la nueva obligación para el contador público auditor de informar a las autoridades cuando un contribuyente ha cumplido las disposiciones o cuando éste ha llevado a cabo una conducta que pueda construir la comisión de un delito fiscal, la omisión en estos casos puede acarrear severas sanciones al auditor que va antes de la suspensión por tres años del registro al contador público, hasta prisión de tres a seis años.
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En este contexto, el IMCP señaló que la autoridad no considera que aún realizada de conformidad con las normas internacionales aplicables, la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran no ser detectados.
Asimismo con esta reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la contaduría pública inscrita una responsabilidad del contribuyente que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho.
De aprobarse en el poder legislativo dichas obligaciones el auditor; es decir el contador público inscrito, perderá la imparcialidad e independencia que requiera llevar a cabo un dictamen fiscal pues estaría asumiendo tareas gerenciales que le son ajenas.
Además es necesario considerar que el contador público no está calificado como perito en el código aduanero, lo que imposibilita cumplir con la labor de detectar incumplimiento de obligaciones en esta materia.
AMP