Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) denunció que las auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se convirtieron en un esquema de “hostigamiento exacerbado” y presión injustificada sobre el gremio.
Rosales aseguró que lo anterior sucede a pesar de que se trata de una industria altamente regulada y con operaciones plenamente fiscalizadas.
¿Qué relación tiene la industria automotriz con el SAT?
En conferencia, detalló que la relación del sector con el órgano recaudador es compleja, pero transparente, porque la mayor parte de los egresos se concentra en un proveedor plenamente identificado, las armadoras, por lo que todas las operaciones se facturan y pasan por instituciones financieras.
Sin embargo, dijo que en los últimos años creció un “modus operandi” que consiste en exacerbar y sobredimensionar los trabajos de dictaminación, de tal suerte que colocan como hecho consumado la amenaza de cuantificar posibles multas de hasta 60 millones de pesos.
“El hostigamiento que se recibe por parte de los auditores del SAT resulta injustificado y exacerbado. En el caso de nuestro gremio lo padecemos por doble vía: una, para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales", comentó.
"Otra razón es porque en materia de prevención de lavado de dinero, si bien la Unidad de Inteligencia Financiera es el ente normativo, es el SAT el que recibe la información y lleva a cabo la fiscalización”, expuso.
Por su parte, expuso que además de las multas, con los cambios en el sistema judicial y en el Código Fiscal de la Federación, que en buena medida hacen exigible garantizar el interés fiscal con efectivo, y con las modificaciones en materia de amparo, lo que hace que difícilmente se pueda litigar con éxito.
“Incluso cuando se gana, hay que cubrir entre 15 y 20 por ciento del monto a los abogados, y todo esto genera un ambiente propicio para la extorsión y la corrupción que está creciendo en estas prácticas de auditoría”, expuso.
El dirigente señaló que este problema no es exclusivo del sector automotriz; reveló que en conversaciones con otras cámaras empresariales dentro de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha recibido retroalimentación similar sobre estas prácticas, por lo que ha pedido llevar la queja al más alto nivel para establecer mecanismos de control sobre las auditorías del SAT.
Finalmente, Rosales dijo haber expuesto la situación ante autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía, confió en que se implementen cambios que permitan recuperar el ritmo de inversión.
Además, recordó que incluso en Estados Unidos, en el marco de las consultas por la revisión del T-MEC, empresas han presentado quejas que reproducen preocupaciones similares.
Sin embargo, admitió que documentar casos específicos es complicado, porque ninguna empresa quiere “suicidarse” presentando una denuncia en estas condiciones.
KL