La Secretaría de Economía (SE) destacó el alcance limitado del laudo arbitral en el caso promovido por Legacy Vulcan, filial de Vulcan Materials Company, contra México, al señalar que la compensación reconocida representa menos de uno por ciento del monto máximo reclamado por la empresa.
La dependencia rechazó mediante un comunicado que la resolución pueda interpretarse como un pronunciamiento general sobre el trato a las inversiones estadunidenses en el país.
“El Gobierno de México es enfático en que no comparte la visión expresada por la empresa en su comunicado de prensa y remite al texto público del Laudo como la única fuente que refleja fielmente lo resuelto por el Tribunal. Resulta incorrecto afirmar que la controversia resuelta por el Tribunal vaya más allá del caso Vulcan”, señaló la dependencia federal.
En este sentido, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó que México incumplió la obligación de otorgar trato justo y equitativo a las inversiones de Legacy Vulcan, incluida Calizas Industriales del Carmen (Calica), conforme al artículo 1105 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Esto debido a que el tribunal ordenó al gobierno mexicano pagar 15 millones 884 mil 117 dólares por los daños derivados de la clausura de las operaciones de Calica en El Corchalito, más intereses compuestos calculados con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a seis meses más dos por ciento, desde el 24 de enero de 2018 hasta el pago íntegro.
Además, se expuso que el resultado del arbitraje fue distinto dependiendo de cada reclamación, ya que Legacy Vulcan acreditó una violación al artículo 1105 del TLCAN respecto de La Adelita y El Corchalito, pero el tribunal no resolvió a su favor en los asuntos relacionados con La Rosita ni con las tarifas portuarias.
En materia económica, la instancia arbitral reconoció únicamente la indemnización correspondiente a El Corchalito.
“Por ende, solo obtuvo un éxito marginal en lo que respecta a los daños”, concluyó el tribunal arbitral sobre el resultado obtenido por Legacy Vulcan.
Economía utilizó precisamente la diferencia entre las pretensiones de la compañía y lo finalmente concedido para dimensionar el fallo.
“En cualquier caso, el Laudo Arbitral habla por sí mismo. De las medidas reclamadas por Legacy Vulcan, únicamente una fue considerada incompatible con el TLCAN y, por tanto, susceptible de generar una obligación de compensación”, expuso la dependencia.
La decisión también rechazó la solicitud de México para presentar una reconvención, al considerarla inadmisible, ya que cada parte deberá cubrir sus propios costos legales, mientras los honorarios, así como gastos del tribunal y del CIADI serán pagados en partes iguales.
Al hacer el balance del procedimiento, el tribunal consideró que ambas partes tuvieron un éxito “aproximadamente equivalente” en sus reclamaciones y excepciones jurisdiccionales.
¿Qué quedó fuera del laudo?
Vulcan Materials sostiene una interpretación distinta, ya que la compañía afirmó que la controversia trasciende el resultado particular del arbitraje y cuestionó sus implicaciones para los derechos de propiedad, el Estado de derecho y las inversiones de compañías estadunidenses en México.
“Esta disputa se extiende mucho más allá de Vulcan”, sostuvo Vulcan Materials Company.
La empresa precisó que el laudo no resolvió el cierre de mayo de 2022, esto debido a que la ocupación de su puerto en marzo de 2023 ni el decreto de septiembre de 2024 está relacionado con el uso y aprovechamiento de sus propiedades, por lo que esas actuaciones, según la compañía, permanecen sin resolver.
La Secretaría de Economía, en contraste, sostuvo que los efectos de la decisión deben ceñirse a lo efectivamente resuelto por el tribunal y no trasladarse al conjunto de la relación con inversionistas extranjeros.
Pese a las diferencias sobre el alcance del fallo, el gobierno mexicano aseguró que mantiene abierta la interlocución con la compañía y señaló que todavía podrían presentarse acciones legales posteriores.
“El Gobierno de México mantiene abierto el diálogo con la empresa, en el marco del respeto mutuo y de la legalidad. Al mismo tiempo y con independencia de las acciones legales que pudieran presentarse con posterioridad a la emisión del Laudo, México continuará defendiendo con firmeza su soberanía y sus recursos naturales”, afirmó la SE.
KL