La obtención de permisos ambientales puede convertirse en un proceso más estricto para las empresas en México; la iniciativa de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) plantea eliminar la afirmativa ficta, ampliar las obras sujetas a evaluación federal y establecer multas de hasta 234.6 millones de pesos por incumplimientos.
De acuerdo con un análisis de Federico Ruanova, senior counsel, y Alejandra Muriel Vizcaíno, asociada senior de Baker McKenzie, la propuesta modificaría las obligaciones de las compañías que desarrollan proyectos en México, desde la obtención de permisos hasta la gestión de riesgos y el cumplimiento de las condicionantes ambientales.
Uno de los cambios centrales sería la eliminación expresa de la afirmativa ficta, figura por la que, bajo determinados supuestos legales, la falta de respuesta de una autoridad puede producir efectos favorables para el solicitante.
Con la modificación planteada, el silencio de la autoridad ambiental no equivaldría a una autorización automática, por lo que las empresas tendrían que esperar una resolución expresa antes de iniciar o modificar proyectos sujetos a estos permisos.
La iniciativa también ampliaría el conjunto de obras y actividades sujetas a evaluación federal; entre ellas se encuentran:
- Proyectos del sector hidrocarburos
- Obras que impliquen remoción de vegetación forestal
- Determinadas actividades en áreas naturales protegidas federales
- Bancos de materiales vinculados con proyectos que requieren evaluación federal
Además, las solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos forestales tendrían que presentarse simultáneamente con la manifestación de impacto ambiental, lo que podría modificar la planeación de los proyectos y sus calendarios de autorización.
¿Qué sanciones contempla la nueva ley ambiental?
El régimen sancionatorio es uno de los componentes con mayor impacto potencial para las empresas; el proyecto contempla multas de 80 a dos millones de Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a entre nueve mil 385 pesos y 234.6 millones de pesos, según el análisis de los especialistas.
Las sanciones podrían acompañarse de clausuras y decomisos de materiales y sustancias; en determinados casos, también se contempla la suspensión o revocación de autorizaciones, licencias y permisos ambientales.
La propuesta plantea, además, crear un Registro de Infractores Ambientales y establecer mecanismos para determinar y valorar económicamente el daño ambiental.
Para las compañías, estas disposiciones podrían elevar la importancia de revisar sus permisos, vigencias y condicionantes, así como detectar incumplimientos antes de una inspección. Los especialistas recomiendan evaluar las autorizaciones correspondientes a cada instalación e identificar las brechas de cumplimiento que deban atenderse.
Una vía para regularizar operaciones
La iniciativa también prevé un mecanismo para regularizar voluntariamente determinadas obras o actividades que operan sin autorización de impacto ambiental, mediante la presentación de un estudio de daño ambiental.
Esta opción podría permitir que algunas empresas identifiquen y atiendan irregularidades, aunque sus alcances dependerán de los requisitos y condiciones que finalmente establezca el texto aprobado.
El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados; de acuerdo con la información proporcionada por Baker McKenzie, las audiencias públicas comenzaron el 28 de septiembre.
Cabe destacar que la propuesta todavía puede modificarse durante el proceso legislativo, por lo que su entrada en vigor y las disposiciones transitorias dependerán del decreto que eventualmente se apruebe. Para las empresas, el alcance definitivo de la reforma determinará los ajustes necesarios en sus procesos de autorización, cumplimiento y gestión de riesgos ambientales.
AI