Miles de pequeñas empresas en Estados Unidos que son propiedad de minorías estuvieron al final de la fila en el programa gubernamental de ayuda de emergencia por la pandemia del coronavirus, revelan datos analizados por The Associated Press. Muchos pequeños empresarios pasaron apuros para encontrar bancos que aceptaran sus solicitudes o estuvieron en desventaja por los términos del programa.
Información del Paycheck Protection Program (PPP) publicada el 1 de diciembre y analizada por AP muestra que muchos propietarios de minorías desesperados por un préstamo de ayuda no recibieron uno sino hasta las últimas semanas del PPP, mientras que muchos más propietarios blancos de negocios pudieron obtener antes los préstamos del programa.
El PPP, que comenzó el 3 de abril y finalizó el 8 de agosto y otorgó 5.2 millones de préstamos por un valor de 525 mil millones de dólares, ayudó a muchas empresas a mantenerse en pie en momentos en los que las medidas gubernamentales para controlar el coronavirus obligaron a muchas a cerrar o a operar a menor capacidad. Sin embargo, se quedó corto en cumplir su promesa de ayudar a las comunidades que históricamente no han recibido la ayuda que necesitaban.
El Congreso aprobó una tercera ronda de préstamos para el PPP por valor de 284 mil millones de dólares. Si bien las empresas que no obtuvieron préstamos anteriormente tienen otra oportunidad de ayuda, según un borrador de la legislación, las empresas más afectadas por el brote del virus serán elegibles para un segundo préstamo.
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La primera ronda del programa tuvo una demanda abrumadora y la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos (SBA por sus siglas en inglés) aprobó 349 mil millones de dólares en préstamos en sólo dos semanas. Pero muchas empresas propiedad de minorías presentaron las solicitudes correspondientes a varios bancos al principio del programa y fueron rechazadas, mientras que otras no pudieron lograr que los bancos respondieran a sus solicitudes y consultas.
“Muchas de nuestras empresas fueron rechazadas en la primera y segunda ronda de financiamiento. Eso causó fatiga en la entrega de solicitudes y frustración”, afirmó Ron Busby, presidente de U.S. Black Chambers, una cámara nacional de comercio enfocada en apoyar a los empresarios negros.
“Muchos están apenas sobreviviendo”, afirmó Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. “La mayoría están en los servicios profesionales, pequeñas tiendas minoristas, restaurantes y peluquerías”, afirmó.
“Muchas de nuestras empresas propiedad de hispanos nunca recibieron respuesta de sus bancos en la primera ronda o fueron rechazadas. Tuvieron que esperar hasta la segunda ronda, y muchas tuvieron que dejar sus bancos y acudir con un prestamista comunitario o una agencia sin fines de lucro dirigida por minorías”, agregó Cavazos.
Los datos de los préstamos, analizados según sus códigos postales, mostraron que en esa primera ronda de financiamientos se aprobaron seis préstamos por cada mil personas que viven en 20 por ciento de los códigos postales con la mayor proporción de residentes blancos, casi el doble de la tasa de préstamos aprobados para personas que viven en 20 por ciento de los códigos postales con menor proporción de blancos.
Ese patrón se revirtió durante las últimas cuatro semanas de la segunda ronda, en parte porque los bancos respondieron a las críticas facilitando la solicitud de préstamos. Durante todo el programa, la cantidad de préstamos aprobados creció y se igualó en 14 préstamos por cada mil residentes en la mayor cantidad de códigos postales con la mayor cantidad y la menor cantidad de negocios propiedad de blancos.
Aun así, los negocios en manos de minorías se mantuvieron esperando mientras sus empresas estaban en peligro.
Los datos recientes de la SBA proporcionaron un vistazo más profundo a las empresas que recibieron préstamos que los datos publicados el 6 de julio. Los datos anteriores sólo proporcionaron detalles limitados sobre préstamos de menos de 150 mil dólares. El gobierno inicialmente se negó a divulgar más información sobre esos prestatarios, citando preocupaciones sobre la privacidad. La AP y otras organizaciones de noticias entablaron con éxito una demanda bajo la Ley de Libertad de Información para hacer públicos los datos sobre todos los préstamos del PPP, lo que llevó a la publicación más reciente.
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