Las empresas y la industria se están defendiendo, como el marco jurídico lo establece, buscando en las leyes y tratados internacionales los mecanismos de conciliación y defensa que permitan asegurar los derechos universales a la propiedad privada y la competencia, para que estos no sean violentados, señaló el director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), Julio Valle.
Durante el webinar Regulación y certidumbre jurídica del sector renovable mexicano, el también vocero de la asociación de energía eólica y solar, dijo que el gobierno tiene las capacidades y facultades para dejar de seguir tratando de alterar el orden jurídico en el sector eléctrico por la vía administrativa.
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El pasado viernes, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la cual se realizó sin cumplir con obligaciones legales en materia de mejora regulatoria, lo que tiene un impacto en proyectos principalmente de energía eólica y fotovoltaica.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) explicó que de continuar con esta política se afectará proyectos que están en construcción y en pruebas preoperativas, por 4 mil megavatios, el equivalente a la capacidad de generación que actualmente está instalada.
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“En términos de inversión estamos hablando de que hay alrededor de 7 mil millones de dólares y si se llevan a cabo este tipo de acuerdos la pérdida de empleos puede ser bastante importante, pero es un factor al que casi no se le presta atención”, dijo.
Sobre un esquema de asociación público-privado que pueda fortalecer la red de transmisión, Julio Valle recordó que está prevista la inversión privada bajo un estricto control del gobierno en la actividad de transmisión. “Es un vehículo que la ley lo prevé, pero depende de que la Sener promueva instrumentos jurídicos que aclaren cómo se podría llevar a cabo, además contando con el visto bueno de varias otras autoridades”.
Explicó que es un plan lógico y congruente sobre todo ante las claras restricciones presupuestales que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la baja capacidad de inversión que tiene, pero aclaró que la declaratoria de la propia comisión es que no quiere invertir en líneas de transmisión “porque dicen que le robamos el espacio de transmisión. la realidad es que caemos en una discusión que se sale de lo técnico y cae en la ideología”.
GGA