La empresa productiva subsidiaria Pemex Transformación Industrial (TRI) no fue rentable y destruyó un valor económico por 116 mil 643 millones de pesos en 2018, así lo informó la Auditoría Superior de la Federación en la tercera entrega de la Cuenta Pública.
El documento explicó que Pemex TRI registró un patrimonio total negativo de 121 mil 538 millones de pesos. La auditoría realizada a la empresa durante 2018 mostró que tuvo ingresos por ventas de un billón 105 mil 255 millones de pesos y su costo de ventas fue de un billón 103 mil 192 millones, equivalente a 99.8 por ciento de los ingresos.
“Ello significó que a Pemex TRI le costó 98 centavos generar un peso de ingreso, sin incluir gastos operativos por 77 mil 252 millones de pesos; con ello la empresa registró una pérdida en su resultado de operación de 75 mil 849 millones de pesos en el ejercicio”.
La ASF agregó que la subutilización de la infraestructura de Pemex TRI resultó en una relación de costo de ventas respecto de los ingresos por éstas muy elevado, 99.99 en 2018, y 98 por ciento en 2017, lo que impactó desfavorablemente en la utilidad operativa de la empresa productiva subsidiaria.
En cuanto al Sistema Nacional de Refinación, detalló que se subutilizó 62.4 por ciento de la capacidad instalada, ya que solo se procesó crudo por 611 mil barriles diarios (mbd) y se produjeron petrolíferos por 618 mbd.
Esta situación se compensó con la importación de gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo debido principalmente a la falta de materia prima, problemas en la infraestructura por fallas continuas y deterioro de las plantas.
Para el caso de los centros procesadores de gas se subutilizó 50.1 por ciento de la capacidad instalada con un procesamiento de gas húmedo de 2 mil 951 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), y producción de gas natural seco por 2 mil 418 MMpcd.
“En consecuencia, se importaron mil 316 MMpcd de gas natural. Dicha situación se debió a la falta de materia prima y que las plantas no estaban en óptimas condiciones de operación”, aclaró la cuenta pública.
De los complejos petroquímicos, en La Cangrejera se subutilizó 45.5 por ciento de la capacidad instalada y 30.2 por ciento del de Independencia, con una producción de 250 mil barriles diarios (mbd) de petroquímicos primarios y 977 mil toneladas de secundarios, respectivamente, debido a la falta de materia prima, problemas en infraestructura y fallas continuas.
Falta de diagnóstico
En 2018, el diseño del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) de la Secretaría de Hacienda careció de estudios, diagnóstico y criterios periódicos que permitieran identificar y determinar el objetivo específico y factibilidad de cada uno de los gastos, además de que no hay registros para conocer su impacto en la población.
El PGF es un documento que comprende los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a escala federal.
De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2018, en el proceso de implementación se comprobó que ese año hubo ausencia de un sistema de coordinación entre Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, lo que provocó que la operación del PGF se realizara de manera inercial y que no permitiera administrar la aplicación de los gastos fiscales ni vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
Por eso se determinó que no se contó con un sistema de comprobación fiscal que permita verificar que la renuncia recaudatoria asociada a beneficios fiscales se realizó conforme al marco normativo, lo que detonó opacidad y esto puede significar un elemento para la elusión fiscal que impide cumplir las metas del Ejecutivo federal.
Solicita el Ceesp mejor regulación
El fin de cualquier gobierno es el bienestar de las familias y para conseguirlo se tiene que prestar atención para tener instituciones robustas y de impacto positivo en la economía y sociedad, además de mantener una regulación adecuada que permita avanzar, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
En su análisis ejecutivo señaló que las reglas del juego deben ser equitativas, transparentes y eficientes para que permitan a todos los agentes económicos actuar dentro de la legalidad.