Ante la modificación de la Fracción 15 transitoria de la Ley de Ingresos 2020, que permite la regularización de "autos chocolate" en territorio mexicano, el presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex) en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, se mostró en desacuerdo con tal medida.
Así lo dio a conocer la mañana de este jueves, durante el desayuno mensual que realiza con empresarios hidalguenses, en el que habló sobre la caída de ventas de autos nuevos por esta modificación.
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"Esta medida permitirá la regularización de unos 18 millones de vehículos que fueron contrabandeados a México, y ante ello, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, estima que esta regularización provocará una caída de entre el 20 y el 30 por ciento de las ventas de autos en México. Esto inhibirá la inversión en el sector y agotará la generación de empleos directos. En Coparmex Hidalgo estamos comprometidos con el desarrollo de las empresas mexicanas y el establecimiento de políticas públicas que alimenten a la inversión y la generación de empleos, por lo que estamos en desacuerdo en la regularización de los autos chocolate", indicó en su discurso.
Refirió que la industria automotriz en México genera 1.9 millones de empleos en general, de los cuales, 530 mil son directos en la manufactura de unidades ligeras y pesadas; además de que representa el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
"El sector automotriz ha visto reducidas sus ventas internas y este año registró en junio, el desplome más cuantioso al haberse obtenido una disminución de las ventas por arriba del 11 por ciento".
Contra ley de facturación falsa
Por otra parte, señaló que, a pesar de que están a favor de acciones que permitan que haya un marco de legalidad fiscal en el. País, están en desacuerdo con la ley de facturación.
"Tuvimos acercamiento con todos los legisladores y no sólo los del estados, porque hay que recordar que desde Coparmex hay 65 centro empresariales y cada uno se acercó a los legisladores sobre las inquietudes que surgieron desde el sector empresarial que pudieran calificar como delito grave, una falta u omisión, ya sea parcial o completa”.
Insistió en que no se puede generalizar ni tipificar como delito grave alguna omisión por parte de un contribuyente que cumpla con el pago de sus impuestos.