Hoy entró en vigor el acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético, y que establece los lineamientos para evaluar las consecuencias sociales de proyectos energéticos en el país.
La Secretaria de Energía (Sener) abrogó el marco regulatorio anterior emitido en 2018. Las nuevas disposiciones tienen como base el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual establece que la justicia energética debe convertirse en un pilar del desarrollo nacional.
El documento, firmado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, busca salvaguardar los principios de sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos, recursos naturales y la cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas.
El acuerdo señala que los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en los sectores de hidrocarburos, electricidad, biocombustibles y geotermia deberán presentar la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), a través de la Ventanilla Energía.
El procedimiento establece plazos de resolución de hasta noventa días hábiles para hidrocarburos y noventa días naturales para electricidad.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, se crean tres formatos distintos (A, B y C) para la presentación de las MISSE, los cuales se asignan según la magnitud y características del proyecto.
Por ejemplo, el Formato C aplica para proyectos de gran escala como la extracción de hidrocarburos, generación eléctrica mayor a 250 megavatios o almacenamiento de combustibles superior a 500 mil litros.
La normativa pone énfasis en la Perspectiva de Género, obligando a los promoventes a aplicarla de manera transversal en todas las fases. Esto incluye, según el Artículo 6, la recolección de datos desagregados por sexo, la evaluación de impactos diferenciados para mujeres y hombres, y la implementación de medidas afirmativas para asegurar el acceso equitativo a los beneficios del proyecto.
También se refuerza la protección de las comunidades. El Artículo 4 establece que en la elaboración de la MISSE se debe garantizar la participación voluntaria de las localidades, implementar mecanismos de confidencialidad, evitar prácticas discriminatorias y dar aviso previo a las Autoridades Representativas en el caso de estudios en territorios indígenas.
Planes de gestión social y sanciones
Las nuevas reglas detallan los componentes obligatorios de un Plan de Gestión Social, que deberá incluir desde una estrategia de comunicación y atención de quejas, hasta, en los casos más grandes, planes de abandono, reasentamiento y una estrategia específica de Beneficios Sociales Compartidos.
Sobre estos beneficios, el Artículo 32 establece una condición relevante: el monto destinado a la Estrategia de Beneficios Sociales Compartidos debe ser "igual o mayor a los recursos destinados a la atención de Impactos Sociales".
La Sener tendrá la facultad de autorizar de forma definitiva, condicionada o negar los proyectos. Entre las causales de negación, señala que la dependencia podrá negar la autorización si un Pueblo o Comunidad Indígena o Afroamericana determina negar su consentimiento durante una Consulta Previa y el proyecto no se considera de interés público, o si este pone en riesgo la supervivencia de una comunidad.
La MISSE se convierte en una autorización definitiva para el inicio del desarrollo de infraestructura vinculada al proyecto, y su número de acuse o resolución será un requisito para obtener otras medidas administrativas de la propia Secretaría o de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
MRA