Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) cederá el control de la comercialización nacional de turbosina y gasavión a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), lo que representa 93.8 por ciento de los ingresos que obtuvo por servicios.
De acuerdo con un reporte financiero de la empresa paraestatal, en el primer trimestre de 2023, sus ventas por los diversos servicios que presta fueron de 12 mil 76 millones de pesos, de los cuales 11 mil 334 millones se relacionan directamente con la venta de combustibles y lubricantes.
En cuanto al servicio de almacenamiento de estos energéticos, el organismo obtuvo 215 millones 761 mil pesos, lo que significa 1.7 por ciento del total.
En una proporción similar, ASA registró ingresos de 202.96 millones de pesos por servicio de expendio de los combustibles.
Para determinar el impacto y la forma en que se cederán los derechos en la cobranza de turbosina y gasavión a Marina y Sedena, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la empresa paraestatal avanzan en una serie de análisis que llevan de forma paralela a la cesión de 13 aeropuertos a las dependencias.
En el informe se revela que “continuarán con el proceso de desincorporación (de aeropuertos) en coordinación y apoyo conjunto de todas las áreas competentes del organismo”.
La venta de combustibles, turbosina y gasavión que usan las naves aéreas, es uno de los principales ingresos de los servicios aeroportuarios de ASA; sin embargo, no es la única empresa que participa de ese mercado.
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A partir de la reforma energética de 2013, promovida por la administración de Enrique Peña Nieto, se terminó con el monopolio de la paraestatal en la comercialización de este combustible, con lo cual empresas privadas ya participan de ese negocio, como Repsol y Valero Energy.
En el Programa Operativo Anual de ASA se estima que en 2023 comercializará en combustibles el equivalente a 56 mil 742 millones de pesos, 9.5 por ciento más que lo registrado el año pasado; en 2022 colocó 2 mil 638 millones de litros de turbosina.
Las deudas, un reto
Sin embargo, Banobras y ASA enfrentan un reto en cómo será la transición, pues los adeudos de terminales y aerolíneas por turbosina suman a marzo pasado poco más de 4 mil 882 millones de pesos.
El principal deudor es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con mil 871 millones de pesos, seguido de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación, con mil 327 millones e Impulsora de Productos Sustentables de la familia Alemán, fundadores de Interjet, con mil 191 millones de pesos.
Para el especialista de la Universidad Iberoamericana Gerardo Herrera, este movimiento representa para el Estado redefinir toda la cadena de servicios del sector aéreo, lo que generará una concentración del negocio que impide la libre competencia.
Por su parte, el analista de la industria Fernando Gómez Suárez enfatizó que “uno de los riesgos de que el gobierno tenga la venta de turbosina es el hecho de que puede darle una línea de crédito más extensa a su aerolínea, con lo cual no habría piso parejo”.
Aceptan exámenes vencidos
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que aceptará como válido todo examen médico vencido del Personal Técnico Aeronáutico (PTA) siempre y cuando presenten su formato de solicitud de cita, comprobante de pago en original y licencia PTA vigente.
Se decidió lo anterior porque el sistema de citas para realizar el examen psicofísico integral por alguna de las Unidades Médicas de la AFAC se encuentra en proceso de actualización.
“Se busca no afectar a los profesionales de la industria y las operaciones diarias en materia de aviación comercial y privada. Las comandancias de cada aeropuerto tendrán la obligación de tomar nota de todos los PTA que se encuentran en el supuesto antes señalado y remitir un listado semanalmente a la AFAC”, explicaron autoridades.
Cabe recordar que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) pidió al gobierno de México y la SICT, como uno de los requisitos para recuperar la categoría 1, la integración de los médicos examinadores a la estructura de la AFAC, algo que sigue en etapa de implementación.