Como consecuencia de la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), diversas empresas afectadas están recurriendo a acciones legales, por lo que se estima que van 114 solicitudes de amparos solicitados, explicó la directora de Grupo Ciita, Beatriz Marcelino.
"Más o menos tenía un mes que ya se veía venir, desde que el presidente entregó al senado el proyecto de la reforma a la LIE se comenzaron a trabajar los amparos", explicó la directora.
Desde el momento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto, un juez otorgó la una suspensión provisional en contra de la recién aprobada LIE.
"Cuando se publicó en el diario oficial de la federación ya sabíamos que se ingresarían los amparos a la corte, y más o menos la semana pasada sabíamos que eran entre 84 y 100 amparos de empresas privadas".
Algunos de los bufetes de abogados que están promoviendo estos amparos es White and Case, aunque las empresas involucradas evitan pronunciarse sobre el tema, pero Beatriz Marcelino dilo que tiene conocimiento de que la Barra Interamericana de Abogados y la Barra de Abogados de México, están buscando amparos.
El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa otorgó suspensiones provisionales que ordenan también frenar la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, al considerar que se puede dañar la competencia y la libre concurrencia.
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Los efectos de la medida cautelar tiene efectos generales, es decir, protege a todas las compañías del sector para no dar una ventaja a las que se ampararon, porque dijo que podría ocasionar distorsiones en dicho mercado.
Algunos de los juicios de amparo fueron promovidos por Elecnor, Gemex Energías Renovables, Zuma Energía, Eoliatec, Naturgy, EDF Renewables Energy, Next Energy de México y Comexhidro Viento, entre otras.
Sin embargo, otras de las preocupaciones que ahora genera incertidumbre en el sector energético, son los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual aseguró que si se declara inconstitucional la reforma, buscará la modificación de la Constitución, explicó Beatriz Marcelino.
A esto se suma que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no está autorizando permisos para privados por no cumplir con requisitos como estudios de impacto social, que no pueden ser tramitados porque se cumple un año de que la Secretaría de Energía (Sener) cerró sus ventanillas como consecuencia de la esencia sanitaria por covid-19.
srgs