El sector empresarial solicitará formalmente una prórroga para la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidasno alcohólicas, cuya primera fase está prevista iniciará el próximo 1 de octubre, pues señalan que los tiempos no darán para cumplir con las autoridades debido a que con la pandemia del coronavirus, las prioridades cambiaron.
“Todo lo que nos está sucediendo es atípico. La prioridad de la industria de bebidas y alimentos no es pensar en el etiquetado, ha sido enfocarnos en poder trabajar todos los centros operativos, tenemos como foco poder mantener la salud de nuestros empleados, del transporte y mantener el empleo”, dijo en entrevista con MILENIO, Alejandro Malagón, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), organismo que tiene un recurso de amparo desde antes de la publicación de la norma.
Hace unas semanas, durante las mesas de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), dijo que ante las exigencias de la crisis por el covid-19 resultaba oneroso implementar y cumplir con la fecha para la entrada en vigor del nuevo etiquetado.
El 27 de marzo pasado, la Secretaría de Economía publicó la Modificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 y sus especificaciones generales en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que dispone el uso de etiquetas de advertencia al contenido de grasas saturadas, azúcares, sodio y grasas trans.
- Te recomendamos Chile va por más medidas para abatir obesidad; etiquetado fue el primer paso Negocios
Malagón explicó que como cadena industrial quieren presentarse con las cámaras que tienen que ver con alimentarios y bebidas, autoservicios mayoristas y los pequeños comercios para tener una buena relación de la cadena de valor a través de la Concamin y pedir esa prórroga. “La queremos pedir, pero la queremos documentar bien para que no parezca que es una terquedad de dejar pasar tiempo; es porque físicamente no lo logramos hacer”.
La propuesta de Zabludovsky es posponer la entrada en vigor, debido a que “uno de los retos inmediatos que enfrentamos es el de incentivar el consumo”. Añadió que el proceso implica que más de 800 mil productos tengan una transformación para la que se necesita de imprentas, diseñadores y nutriólogos, muchos de los que no están operando de forma regular por la contingencia sanitaria.
El vicepresidente de la Concamin dijo que toda la inversión que está realizando actualmente el sector productivo del país está enfocada en el cumplimiento de protocolos de higiene y en el funcionamiento mismo de las cadenas de producción, así como el apoyo para las comunidades en donde operan. Por esto, dijo, invertir para el cambio de etiquetado es complicado.
Expuso que si en las condiciones normales ya era difícil llegar al cambio dispuesto por las autoridades federales, ante la pandemia aún será más complicado lograr los objetivos; debido también a la paralización de una serie de empresas que tiene que ver con imprentas, papel, tintas, diseño, con todo lo que lleva la cadena para poner una etiqueta en el anaquel.
Costos
Aunque muchas empresas han dicho que cambiar sus etiquetas tendría un alto costo, para Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, no es un argumento válido porque la mayoría de ellas ajustan sus etiquetas por temporadas y para promociones.
El sector empresarial ha estimado que el costo de la implementación de las nuevas disposiciones de etiquetado costará alrededor de 6 mil millones de pesos.
“Lo que les preocupa es que el consumidor tenga información para enfrentar la epidemia de diabetes. Los altos contenidos de azúcares, grasas saturadas y sal agudizan por sí mismas procesos inflamatorios que debilitan el sistema inmunológico. Esta pandemia expone aún más los cambios en la dieta de los mexicanos hacia productos ultraprocesados”, sostuvo Calvillo.
De acuerdo con Malagón, la industria se encuentra analizando la cantidad de productos que tienen en almacenes de larga duración, como el caso de conservas, entre otros. Afirmó que las empresas ya están en trabajo para las disposiciones que entrarán en vigor en los próximos cuatro meses, aunque reiteró que será muy difícil lograr todo en dicho tiempo.
“Una y otra vez se han opuesto a todas las políticas que puedan obligarlas a reformular, a sacar productos que sean más saludables. Sabemos que van a seguir amparándose y utilizando todos los medios posibles para evitar cumplir con este etiquetado”, dijo el director de El Poder del Consumidor.
La primera fase de la norma involucra la posibilidad de hacer uso de calcomanías que podrán ser sobrepuestas en los empaques originales, razón por la cual Calvillo dijo que esto no representará un gasto importante en las grandes empresas.
“Es una ventaja que la primera fase inicie en octubre. Va a ser un descubrimiento para la gente que una parte muy importante de los productos ultraprocesados va a tener sellos porque han hecho productos que únicamente buscan vender más y para eso tienen grandes cantidades de azúcar, sodio y demás. Esto va a ayudar a que la gente tome conciencia de ello”, señaló.
El representante de Concamin dijo que la industria está esperando a que las ventanillas abran para presentar la solicitud y hacer su planteamiento. Estimó que lo ideal será tener una prórroga de un año para que todas las empresas puedan cumplir con las disposiciones.
“Creemos que no hay necesidad de llegar a un amparo, que la Concamin puede tener un diálogo razonado, que podemos tener una interlocución con el gobierno haciendo las explicaciones pertinentes porque estamos hablando de una consecuencia de una problemática que ni el gobierno ni la iniciativa privada ni los consumidores queríamos ni estábamos preparados. Tenemos los argumentos para poder llegar al racional en un diálogo de valor juntos para que esto sea en beneficio de los consumidores, la economía que estamos pasando y del país”, dijo.
lvm