Un Tribunal de Apelaciones en Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno mexicano para anular el laudo arbitral que obliga al país a pagar 47 millones de dólares a la firma canadiense Lion Mexico Consolidated, confirmando así la resolución del juez.
“México solicitó a nuestra corte de distrito que anulara el laudo arbitral argumentando que los árbitros excedieron sus facultades y actuaron con manifiesto desprecio a la ley. La corte de distrito determinó que los árbitros actuaron dentro de su autoridad y con el debido respeto a la ley, por lo que denegó la petición de México y concedió la contrademanda del inversionista para confirmar el laudo”, se lee en la resolución del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.
Es importante mencionar que este fallo deriva de un arbitraje iniciado en diciembre de 2015 bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que si derogación posterior de este acuerdo trilateral que ya no se encuentra vigente, de modo que no afecta en su aplicación para esta disputa.
El Tribunal Arbitral concluyó que el TLCAN protege tanto a las inversiones como a los inversionistas, por lo que bajo este argumento se rechazó el motivo principal de México que sostenía que, esa disposición solo protegía las inversiones y no a los inversionistas.
Sin embargo, se determinó que México incumplió sus obligaciones bajo ese artículo porque los tribunales mexicanos “repetidamente dejaron de proporcionar a Lion una oportunidad justa, conforme al estándar mínimo de trato de los extranjeros conforme al derecho internacional consuetudinario, para hacer valer sus derechos sobre sus inversiones”.
“El Tribunal ordenó en consecuencia a México pagar a Lion 47 millones de dólares en compensación, más costas y honorarios de abogados”, subrayó.
Por lo tanto el gobierno mexicano en su intento por revertir la decisión, argumentó que los árbitros excedieron sus facultades y actuaron con manifiesto desprecio a la ley, aunque la Corte de Apelaciones desestimó ambos argumentos.
“La Corte de Distrito determinó que los árbitros actuaron dentro de su autoridad y con el debido respeto a la ley, por lo que denegó la petición de México y concedió la contrademanda del inversionista para confirmar el laudo”, expuso.
Además, el origen del conflicto se encuentra en financiamientos otorgados por la firma canadiense a empresas vinculadas al empresario Héctor Cárdenas Curiel.
“El Tribunal determinó que, cuando Lion intentó recuperar sus inversiones en los tribunales mexicanos, Cárdenas orquestó un esquema de ‘complejo fraude judicial’ para frustrar cualquier recuperación.”
“El Tribunal además determinó que, a pesar de los repetidos intentos de Lion por demostrar que el supuesto acuerdo que sustentaba la aparente sentencia de cancelación había sido falsificado, Lion no obtuvo reparación alguna de los tribunales mexicanos.”
En tanto, el Tribunal consideró que en base en esos hallazgos, México incumplió sus obligaciones conforme al artículo 1105 con Lion.
Aunque en el fondo del caso, el Tribunal Arbitral concluyó que el artículo 1105 del TLCAN sí protege tanto las inversiones como a los inversionistas.
También se expuso que al revisar el caso, la Corte de Apelaciones enfatizó el limitado margen de intervención judicial en arbitrajes internacionales, por lo que bajo ese criterio, la corte concluyó que México no cumplió su carga probatoria y descartó que hubiera existido manifiesto desprecio a la ley.
En paralelo, el empresario Héctor Cárdenas Curiel buscó intervenir en el proceso para impugnar el laudo, pero la corte rechazó su solicitud porque “México podía representar adecuadamente su interés”.
IOGE