La nueva ley antiextorsión en Tamaulipas falta complementarse con la capacitación y la adquisición de tecnología para combatir este delito en la entidad, aspecto que las autoridades omiten en sus avances de cara a la implementación programada para principios de junio próximo, situación que preocupa al sector comercial.
La iniciativa publicada en diciembre pasado y tras su aprobación en el Congreso estatal, indicó la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), también requiere fortalecerse con la homologación con la Ley de Atención a Víctimas y ayudar a quienes sufrieron de esta casos, mencionó el secretario del organismo Roberto Cruz Hernández.
Destacó que la expedición de esta ley representa un avance importante en el fortalecimiento institucional para combatir uno de los delitos que mayor afectación genera al entorno económico y social, particularmente para pequeñas y medianas empresas, comercios y prestadores de servicios. No obstante, recalcó, consideró que el verdadero desafío comienza en la etapa de implementación y ejecución.
“Consideramos indispensable que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública cuenten con recursos humanos, tecnológicos y operativos acordes con la dimensión real del problema. Una ley requiere instituciones fortalecidas para traducirse en resultados”, señaló.
Aunado a lo anterior, existen reformas complementarias pendientes para lograr una homologación integral, particularmente en la Ley de Atención a Víctimas, con el propósito de incorporar medidas específicas para víctimas de extorsión y contemplar apoyo psicológico y acompañamiento especializado.
La ley general contempla castigos que van hasta 42 años de prisión para las personas que comentan la privación de libertad. La minuta se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del año pasado dando un plazo de 180 días para ejecutarse. Los casos recientes se han detectado en la frontera, con llamadas provenientes del penal de Reynosa.
“Es importante precisar que desde diciembre de 2025 Tamaulipas cuenta ya con un marco legal específico para atender y perseguir este delito que afecta a familias, comercios, prestadores de servicios y a la sociedad en general”, expresó Cruz Hernández.