El gobierno de Reino Unido se enfrenta a un “invierno negro” en los servicios públicos. Como respuesta, insiste en que no puede darse el lujo de subir los salarios y pretende limitar el derecho de huelga de los burócratas. Esto puede funcionar en la política, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico. Los sueldos del sector deben fijarse en los niveles que se necesitan para atraer y motivar al personal necesario. Un repunte de la inflación no cambia esa lógica.
Desde que los conservadores llegaron al poder en mayo de 2010, el salario promedio real general (incluidos los bonos) registraba un aumento de 5.5 por ciento en el sector privado hasta septiembre de 2022, pero una caída de 5.9 por ciento en el sector público. Para sorpresa de todos, entre enero de 2021 y septiembre de 2022, el indicador privado cayó 1.5 por ciento, pero en el otro bajó 7.7 por ciento. De hecho, todo el descenso público desde 2010 se produjo en los últimos dos años.
Un recorte tan grande de los salarios reales del sector público no pudo producirse sin una alta inflación. Pero, ¿se habría querido reducir el salario real en ausencia de un aumento del nivel de precios? La respuesta es sí. Reino Unido ha sufrido un gran deterioro de su “relación de intercambio”. Así que los precios de sus importaciones subieron mucho frente a los de sus exportaciones. La nación es más pobre de lo que habría sido si no se hubieran producido, sobre todo, los incrementos de los precios de la energía. Parte de este ajuste de los ingresos reales debería recaer sobre los salarios. Por tanto, cierta caída de los ingresos reales no es sorprendente ni inapropiada. La inflación hizo que fuera posible su implementación.
Sin embargo, incluso si una cierta caída de los ingresos reales en la economía tiene sentido, ¿por qué la caída del sector público debe ser mucho mayor que la del privado?
Se puede argumentar que el control de los salarios del sector público es una forma eficaz de evitar una espiral de precios y salarios, que el gobierno no puede darse el lujo de pagar más a los trabajadores del sector público, o que la inflación es una oportunidad para reducir los niveles excesivos de remuneración, en especial si se toman en cuenta las gratificaciones, en particular las generosas pensiones.
Ninguno de estos argumentos tiene fundamento.
En cuanto al primero, Ben Zaranko, del Instituto de Estudios Fiscales (IFS, por su sigla en inglés), señala que “es difícil ver cómo un aumento de los salarios del sector público puede contribuir de manera directa a una espiral precios-salarios”, dada la falta de precios en el sector público. Tampoco se puede argumentar que los salarios de este estrato lideren la inflación, ya que se están quedando muy rezagados. Sobre todo, la política sobre los salarios no reducirá la inflación. Esto exige medidas macroeconómicas.
En cuanto al segundo, la decisión del gobierno de no aumentar los salarios en consonancia con los del sector privado no se debe a que no pueda darse el lujo de hacerlo. Se pueden subir los impuestos si hubiera voluntad. Se trata, en efecto, de una decisión política de hacer pagar a los empleados del sector público las promesas no financiadas del gobierno.
Respecto al último argumento, como señalaba el IFS en su Presupuesto Verde de octubre de 2022, el salario promedio en el sector público es superior al del privado, pero esta ventaja desaparece cuando se toman en cuenta las características de los trabajadores, edad, experiencia, cualificaciones, y más. Entonces, los burócratas cobran menos que los trabajadores privados. De hecho, la relación es ahora más desfavorable para los empleados públicos que en cualquier otro momento de los últimos 30 años. Es cierto que, si se toman en cuenta también las contribuciones patronales al régimen de pensiones, los empleados del sector público cobraron en promedio 6 por ciento más que los del sector privado en 2021. Pero esta ligera ventaja sin duda se va a erosionar aún más en 2022.
Sobre todo, la prueba de si la remuneración en Reino Unido es adecuada es si mantiene los servicios a los niveles que el gobierno prometió. Está claro que hay carencias sustanciales de personal clave, así como una preocupación generalizada respecto a su calidad. Así, los datos de NHS England “muestran una tasa de vacantes de 11.9 por ciento al 30 de septiembre de 2022 dentro del grupo de personal de Enfermería Registrada (47 mil 496 plazas). Esto representa un incremento si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando la tasa de empleos disponibles era de 10.5 por ciento (39 mil 931 vacantes)”. Una vez más, las cifras muestran un déficit dramático en la contratación de profesores de materias como física o diseño y tecnología.
Como argumenta Chris Cook, el gobierno de Reino Unido debe preguntarse si los salarios del sector público están a un nivel que permita mantener la prestación de los servicios necesarios. El tejido social del país se está deshilachando. En particular, una salud precaria está dañando la oferta de mano de obra. Si el gobierno no está dispuesto a aumentar los impuestos necesarios, debe ser honesto al respecto. Dejar que la inflación reduzca los salarios reales, mientras se espera que los servicios se mantengan, por no hablar de que mejoren, es claramente deshonesto.
El gobierno británico debe mantener los salarios en línea con los del sector privado, en especial cuando tiene problemas significativos de contratación y retención. Si esto significa que tiene que volver a abrir los planes de gasto que ya no tienen sentido con las libras devaluadas de la actualidad, que así sea. Es posible que lo que está ocurriendo ahora resulte en que cuidas los centavos para descuidar los pesos.